diciembre 18, 2025
minería

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Los puntos más críticos de minería ilegal en Ecuador.

En cuatro provincias amazónicas la expansión minera creció 300% en seis años

Desde septiembre de 2025, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) ha ejecutado al menos 50 operativos contra la minería ilegal, concentrando la mayoría de intervenciones en las provincias del sur, especialmente en Morona Santiago y Azuay.

La ofensiva más destacada se produjo entre el 14 y el 19 de octubre, cuando el Gobierno del presidente Daniel Noboa emprendió una operación sin precedentes en La Merced de Buenos Aires, Imbabura. En esta zona, conocida por su historial de minería ilegal, las Fuerzas Armadas realizaron bombardeos aéreos que destruyeron campamentos y alrededor de 700 bocaminas. Según el Gobierno, esta acción habría motivado represalias de grupos delictivos como Los Lobos, vinculados a la minería ilegal y al narcotráfico.

Minería ilegal no se detiene en Morona Santiago | Prensa Minera

Tras los operativos, el Ejecutivo aseguró haber retomado el control del área. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, afirmó que la presencia militar será permanente para evitar el resurgimiento de la actividad ilegal. La última intervención de gran magnitud en Buenos Aires había ocurrido en 2019, durante el operativo “Amanecer Radiante”, cuando fueron desalojadas cerca de 2.500 personas. Sin embargo, años después, los mineros ilegales regresaron y retomaron la extracción.

El abogado especialista en minería, Stevie Gamboa, consideró que la medida adoptada era necesaria ante la presencia de grupos armados y paramilitares en la zona. Sostuvo que, tras la recuperación del control, la Arcom debe garantizar la trazabilidad del material minero e investigar las redes de apoyo logístico que facilitaban el transporte y procesamiento del oro extraído.

Operaciones militares controlan la minería ilegal en Morona Santiago – Radio Naval | 1510 AM

El presidente Noboa ha reiterado su compromiso de continuar con las operaciones en otros focos de minería ilegal, alertando que el delito se ha vuelto más rentable debido al precio del oro, que supera los USD 4.100 por onza. Según el mandatario, la minería ilegal se ha convertido en una fuente de lavado de dinero y financiamiento de organizaciones criminales.

Aunque el presupuesto de la Arcom aumentó en 2025 gracias a la creación de una tasa de control minero aplicada a las empresas formales, hasta septiembre solo se habían recaudado USD 2,2 millones de los USD 12 millones previstos por el Ministerio de Finanzas.

Devastación ambiental por minería ilegal en Morona Santiago - Exprésate Morona Santiago

De acuerdo con el último informe público de Arcom, en 2024 se identificaron 387 puntos de minería ilegal en 16 provincias, de los cuales 40 presentan alta peligrosidad por la presencia de grupos armados. Entre enero y septiembre de 2025 se ejecutaron 260 operativos, y las zonas más críticas son:

  • Esmeraldas, en el sector del río Chacaví, San Lorenzo y Alto Tambo.

  • Zamora Chinchipe, en El Zarza, Cumbaratza y Guaysimi.

  • Morona Santiago, Azuay, Imbabura, El Oro y Napo.

Durante estos operativos se incautaron 266 toneladas de material aurífero, equivalentes a unas 9,4 millones de onzas, valoradas aproximadamente en USD 38,5 millones, aunque el material aún no ha sido refinado.

Entre septiembre y octubre, los operativos se intensificaron en tres provincias del sur: Morona Santiago, Loja y Azuay. En la Amazonía, los puntos más intervenidos fueron Bellavista, Nangaritza, Tinajillas, La Pradera, Yunganza, Tiwinza, El Arenal, Sucúa y San Juan Bosco. En Azuay, los operativos se concentraron en Ponce Enríquez, donde se incautaron más de mil sacos de material aurífero el 1 de septiembre.

Otro punto crítico no intervenido recientemente es Molleturo, donde se encuentra el proyecto Río Blanco, identificado por el Ministerio de Ambiente como una zona de alta conflictividad minera.

Finalmente, en el norte del país, Carchi se suma a la lista de focos de minería ilegal, con siete operativos reportados por Arcom en el sector conocido como El Pablo, en la frontera con Colombia.

En conjunto, las cifras revelan que la minería ilegal continúa siendo una de las mayores amenazas ambientales, económicas y de seguridad en Ecuador, con operaciones delictivas que se expanden desde la Amazonía hasta la frontera norte.

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