La Contraloría General del Estado emitió un total de 206 Informes con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) entre el 1 de enero de 2024 y el 13 de febrero de 2026, dirigidos a prefecturas, municipios y gobiernos parroquiales del país, por presuntas irregularidades en procesos de contratación pública, ejecución de obras y adquisición de bienes y servicios.
La información fue presentada ante la Asamblea Nacional, en la Comisión de Desarrollo Económico, por la subcontralora de Auditoría, Gabriela Sulca. Según el detalle, 14 informes corresponden a prefecturas, 137 a municipios y 55 a gobiernos parroquiales.
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En el caso de las prefecturas, la mayor cantidad de IRP se concentra en Napo y Morona Santiago, con cuatro informes en cada provincia.
Respecto a los municipios, los mayores registros se ubican en El Oro (26), Azuay (18), Pichincha (17) y Sucumbíos (16), sin que se haya detallado a qué alcaldías corresponden los informes.
En los gobiernos parroquiales, Morona Santiago registra el mayor número, con 14 IRP.
Un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal se emite cuando, durante una auditoría, se identifican hechos que podrían constituir un delito. Estos documentos son remitidos a la Fiscalía General del Estado, entidad que determina si inicia una investigación penal, la cual puede derivar en una formulación de cargos.
Finalmente, la Contraloría informó que ejerce control sobre 3 412 entidades públicas a nivel nacional, de las cuales 1 830 corresponden a municipios, prefecturas, gobiernos parroquiales y empresas públicas.
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