Alcalde de Morona presenta denuncia por presunta calumnia contra portal digital Humarta
El alcalde del cantón Morona, Francisco Andramuño Rodríguez, presentó una denuncia penal por presuntas calumnias relacionadas con su gestión municipal y una supuesta afectación a su honor y buen nombre, en contra de Edwin Villamagua Morales, creador de contenido y representante del portal digital Humarta.
De acuerdo con la información judicial, la querella corresponde al proceso N.° 14255-2025-01124 y habría sido formalizada el 26 de diciembre de 2025. El caso se enmarca en publicaciones difundidas a través de redes sociales, principalmente en la plataforma TikTok.
–
Pronunciamiento del Portal Digital
El pasado miércoles 28 de enero de 2026, la plataforma Humarta hizo público el proceso mediante un video en el que Edwin Villamagua se refirió a la denuncia. En su pronunciamiento, señaló que la acción judicial respondería a publicaciones en las que se expusieron —según indicó— presuntas irregularidades en procesos de contratación pública municipal, respaldadas con documentos. (Ver aquí VIDEO)
Villamagua afirmó que, desde su perspectiva, la denuncia constituye un atentado contra la libertad de expresión y el derecho a informar, señalando que se trataría de un intento de silenciar a quienes cuestionan la gestión pública. “Cuando una autoridad decide usar el sistema judicial contra un creador de contenido, busca generar miedo y silencio”, manifestó en el video difundido.
–
Argumentos de la denuncia del Alcalde
Exprésate Morona Santiago conoció el caso la semana anterior y, con el fin de contrastar la información, aguardó un pronunciamiento oficial por parte del alcalde o de la institución municipal, el cual no fue remitido hasta el cierre de esta nota.
No obstante, en el documento judicial consta que el denunciante sostiene que, si bien el ejercicio de una función política genera diversas opiniones dentro de una democracia, estas deben desarrollarse dentro de un marco de respeto al ordenamiento jurídico vigente. En ese contexto, se invoca el derecho constitucional al honor y al buen nombre.
En el texto de la denuncia se argumenta que existirían límites a la tolerancia cuando, bajo el “disfraz de información, cuestionamiento o crítica”, se afectaría la reputación personal y familiar de una autoridad pública. Asimismo, se señala que Edwin Villamagua Morales habría ejecutado una “campaña sistemática de descrédito” a través de redes sociales, imputándole presuntamente delitos contra la administración pública sin sustento.
Peticiones del demandante
En la querella, el alcalde solicita que, en caso de determinarse responsabilidad, se imponga al querellado:
-
La pena máxima de privación de libertad, conforme al artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
-
La obligación de ofrecer disculpas públicas por el mismo medio de difusión y en medios de comunicación locales.
-
El pago de una reparación integral económica por el presunto daño moral ocasionado.
–
Un debate abierto
El caso ha generado debate en el ámbito local sobre los límites entre el derecho a la crítica, la libertad de expresión y la protección del honor, especialmente cuando se trata de funcionarios públicos sujetos al escrutinio ciudadano. El proceso judicial se encuentra en curso y será la autoridad competente la que determine responsabilidades conforme a la ley.
Por otro lado, cabe señalar que, durante los años 2024 y 2025, diversos medios de comunicación locales denunciaron el bloqueo o restricción de contenidos vinculados a información del Gobierno Municipal del cantón Morona en plataformas digitales, lo que ya había generado preocupación en sectores periodísticos y ciudadanos.
En este contexto, el uso de mecanismos judiciales contra comunicadores o creadores de contenido reabre el análisis sobre la importancia de garantizar la libertad de prensa y de expresión, pilares fundamentales de una sociedad democrática. Especialistas en comunicación coinciden en que los funcionarios públicos, por su condición, están sujetos a un mayor nivel de escrutinio y que la crítica, incluso cuando resulta incómoda, debe ser protegida, siempre que no vulnere derechos de terceros ni incurra en información falsa deliberada.
La forma en que se resuelva este caso podría sentar un precedente relevante para el ejercicio del periodismo y el derecho ciudadano a fiscalizar la gestión pública en el ámbito local.
–
Exprésate Morona Santiago
Primer Medio de Comunicación Digital de la Provincia
Macas – Ecuador
