Ampliación vial irregular en territorio Achuar genera alertas socioambientales.
Un informe reciente documenta la expansión de la red vial en el sureste de la Amazonía ecuatoriana, dentro del territorio de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), con el objetivo de analizar qué tramos han cumplido con los requisitos ambientales establecidos por ley.
La Nacionalidad Achuar del Ecuador cuenta con un territorio aproximado de 672.000 hectáreas, distribuido entre las provincias de Pastaza y Morona Santiago, donde habitan alrededor de 10.000 personas en 96 comunidades.
En el reporte MAAP #159, publicado en 2022, se registró la apertura de una vía de 12 kilómetros que conecta el poblado de Taisha con la comunidad de Pumpuentsa, construida entre octubre de 2021 y abril de 2022. Esta obra representó la primera vía carrozable en la historia del territorio Achuar.
El nuevo informe, con corte a abril de 2025, evidencia la existencia de más conexiones viales: la ruta entre Pumpuentsa y Wampuik, así como un ramal intermedio hacia Wasakentsa, todas dentro del territorio Achuar en la provincia de Morona Santiago.
Demandas históricas y riesgos ambientales.
De acuerdo con el estudio, la expansión vial responde a reclamos históricos de las comunidades, motivados por el aislamiento geográfico, los altos costos de transporte y la ausencia de servicios básicos como salud y educación. Estas condiciones han llevado a los Achuar a exigir mayor atención por parte de las autoridades nacionales y locales.
No obstante, el informe advierte que el desarrollo de estas vías debe planificarse con especial cuidado, dado que el territorio Achuar es considerado uno de los bosques mejor conservados y con mayor biodiversidad del Ecuador. Una intervención sin planificación integral puede generar conflictos socioambientales, como la extracción ilícita de madera.
Las propuestas de ampliación vial han sido recogidas por el Gobierno Provincial de Morona Santiago y respaldadas en asambleas y congresos de la Nacionalidad Achuar. Según la ley, la vialidad rural es competencia de los gobiernos provinciales y requiere estudios técnicos previos, siendo los estudios ambientales un componente esencial.
Crecimiento de la red vial 2022–2025.
El ingreso de vías al territorio Achuar marca un antes y un después en la historia de este pueblo. La vía Pumpuentsa–Wampuik y el ramal hacia Wasakentsa conectan el sistema vial del cantón Taisha con el corazón del bosque primario Achuar. Expertos señalan que la posibilidad de extender estas carreteras hacia otras comunidades, o incluso hacia Perú, representa uno de los mayores retos y amenazas desde que el Estado ecuatoriano tituló estas tierras en la década de 1990.
El monitoreo satelital identificó 50 kilómetros de ampliación entre abril de 2022 y abril de 2025. Inicialmente, hasta 2022, solo se habían registrado 12 kilómetros de vías. En los primeros seis meses de seguimiento, la red se extendió a 23 kilómetros, luego las obras se detuvieron por dos años. La reactivación en octubre de 2024 dio paso a una fase acelerada de construcción que alcanzó 56 kilómetros en enero de 2025. Entre enero y abril de 2025 se sumaron 6 kilómetros adicionales en el ramal hacia Wasakentsa, totalizando 62 kilómetros de red vial construida desde 2021.
El trazado inicia en Pumpuentsa y se dirige a Patukmai, desde donde se generan ramales hacia Wasakentsa e Ipiak. Esta última se conecta con Putuim, Tarimiat y finalmente con Wampuik.
Construcción, gestión y permisos ambientales.
La vía Pumpuentsa–Patukmai fue construida por el GAD Provincial de Morona Santiago. En 2024, el GAD Municipal de Taisha, pese a no tener competencias en vialidad rural, abrió el tramo hacia Wampuik. Actualmente, en 2025, el GAD Provincial ejecuta la primera etapa de la vía Patukmai–Wasakentsa, que en fases posteriores conectará a Nases, Kuchints, Tsurik Nuevo y Wampuik.
En materia legal, hasta el 3 de agosto de 2025, únicamente el tramo Pumpuentsa–Patukmai cuenta con registro ambiental vigente (MAE-SUIA-RA-DPAMS-2017-2595). El trayecto Patukmai–Wampuik carece de permisos en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), aunque el Municipio de Taisha anunció en diciembre de 2024 la conclusión de esa vía, sin registros ambientales oficiales.
Monitoreo comunitario Achuar.
Para la Nacionalidad Achuar, el monitoreo territorial comunitario es conocido como Ikiama Yapii (“la cara del bosque”). Los cuidadores o monitores vigilan sitios sagrados, ríos, fauna y los impactos ambientales de las obras.
Durante 2025, los monitores Achuar identificaron que Pumpuentsa y Patukmai concentran la mayor explotación forestal, principalmente de cedro y chuncho. La apertura de las carreteras ha facilitado el transporte de esta madera hacia mercados externos.
Recomendaciones para la política pública.
El estudio subraya que la construcción de carreteras en territorios amazónicos indígenas debe cumplir estrictamente la normativa nacional: el Código Orgánico del Ambiente (COA), su reglamento, las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos ambientales y de la Naturaleza, y los tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú.
Entre las principales recomendaciones están:
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Prohibir la ejecución de obras sin consulta y consentimiento previo, libre e informado (CPLI), requisito establecido en la Constitución y el Convenio 169 de la OIT.
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Tipificar como falta grave o delito el otorgamiento de licencias o la construcción de vías sin CPLI.
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Obligar a los GAD a denunciar vulneraciones a los derechos de la Naturaleza.
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Crear mecanismos normativos que impidan iniciar cualquier fase de proyecto vial sin CPLI, incluso en etapa de planificación o estudios de factibilidad.
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Diseñar lineamientos de consulta previa con enfoque cultural y lingüístico, en coordinación con las propias organizaciones indígenas.
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Garantizar transparencia mediante la publicación en el SUIA de mapas, actas, fichas técnicas y licencias ambientales.
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Reconocer la autoridad indígena para pronunciarse sobre afectaciones a sus territorios, en concordancia con el artículo 171 de la Constitución.
Diálogo intercultural como mecanismo de prevención.
El informe recomienda fortalecer el diálogo intercultural como estrategia de gobernanza preventiva. Esto incluye reconocer la legitimidad de los voceros indígenas, respetar protocolos comunitarios, capacitar a funcionarios en competencias interculturales y establecer mesas técnicas permanentes entre Estado y gobiernos comunitarios.
El Acuerdo de Escazú y la Constitución, que consagran la interculturalidad y la plurinacionalidad, obligan al Estado a incorporar saberes y cosmovisiones indígenas en la toma de decisiones sobre sus territorios.
Transparencia ambiental y mecanismos anticorrupción.
El Acuerdo de Escazú, vigente en Ecuador desde 2021, establece en su artículo 5 la obligación estatal de garantizar acceso a la información ambiental de forma proactiva y en formatos culturalmente adecuados. La falta de información veraz afecta los procesos de consulta y viola el principio de buena fe, como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Constitución (artículos 395.2 y 57.17) y el propio Escazú (artículo 9) reconocen a los pueblos indígenas como actores de control social y defensores del territorio.
El informe sugiere reconocer e institucionalizar sistemas de monitoreo comunitario indígena, articulados con el Sistema Nacional de Monitoreo Ambiental. Estos sistemas deberían generar alertas tempranas, procesar denuncias y asegurar la participación en sanciones y procesos de remediación, garantizando transparencia y previniendo la corrupción en obras públicas dentro de territorios indígenas.
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Exprésate Morona Santiago
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