febrero 13, 2026

Asamblea aprueba Ley de Ciberseguridad con nuevas materias escolares y régimen de sanciones

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La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el 10 de febrero de 2026 una reforma sobre Ciberseguridad que modifica seis leyes vigentes, incluyendo la Ley de Educación Intercultural y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

 

La norma crea un catálogo nacional de servicios esenciales y estructuras críticas que actualmente no existe en el país. Establece un plazo de hasta 78 horas para que entidades públicas y privadas reporten incidentes o ataques cibernéticos a las autoridades competentes.

El proyecto incluye un sistema de sanciones escalonado: infracciones leves (multas de 1 a 10 salarios básicos para funcionarios públicos y del 0.1% al 0.7% del volumen de negocios para empresas), infracciones graves (10 a 20 salarios básicos o del 0.7% al 1% del volumen de negocios), e infracciones muy graves (20 a 40 salarios básicos o del 1% al 1.5% del volumen de negocios).

 

Nuevas materias en escuelas

El Ministerio de Educación deberá implementar un programa de alfabetización digital en todos los niveles educativos con temas como habilidades de autocuidado digital, protección de datos personales, uso ético de tecnologías, pensamiento crítico frente a contenidos digitales, prevención de acoso y violencia digital, e identificación de señales de riesgo.

La reforma también obliga a los medios de comunicación a destinar una hora diaria para transmitir programas oficiales sobre tele-educación, cultura, salubridad, derechos y seguridad digital.

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Oposición del correísmo

La bancada de Revolución Ciudadana, a través del asambleísta Gerardo Machado, expresó preocupación por el excesivo poder que se otorga al Ministerio de Telecomunicaciones. Según Machado, aunque el texto no habilita explícitamente la desconexión arbitraria o el espionaje, crea capacidades regulatorias que en contextos de excepción podrían interpretarse de forma expansiva bajo argumentos de seguridad nacional.

El correísmo advirtió que la ley podría derivar en una «ciudadanía vigilada» por los controles e intervención estatal en plataformas tecnológicas.

 

 

Fuente: Diario el Norte

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