Las verdades de Don Naza: fue detenido por la supuesta violación de una menor cuando era militar

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Miguel Ángel Nazareno, el captador ilegal de dinero y dueño de Big Money, apareció asesinado cerca de Quito. Una semana antes había sido visto “en pleno negocio” dentro del Ministerio de Defensa. A pesar de las evidencias, post mortem los jueces lo declararon inocente.

 

El 19 de febrero de 2013, Nazareno Castillo, entonces de 26 años, estaba de servicio en el Fuerte Militar de Shell, en Pastaza. Ese día a las 07h00 fue detenido, afuera de un colegio, acusado de violación a una menor de edad. En la audiencia se comprobó que la niña, una empleada doméstica natural de Palora, Morona Santiago, tenía 16 años y cinco meses al momento del atentado a su pudor.

 

El abogado de Nazareno invocó el Código de Procedimiento Penal entonces vigente que decía que ese delito solo era perseguible por acción privada, es decir impulsado por la víctima, cosa que no ocurrió. Volvió como si nada a su cuartel. Si el delito lo cometía un año después, con el nuevo Código, hubiese tenido 22 años tras las rejas y otra habría sido la historia de “Don Naza”.

Su vida terminó al amanecer del Jueves Santo cuando fue encontrado sin signos vitales en un camino vecinal de la parroquia Amaguaña, al sur de Quito. Tenía una herida de bala en el muslo izquierdo y según los forenses, murió desangrado. Solo una semana antes había estado en la sede del Ministerio de Defensa, realizando la actividad ilegal que lo hizo famoso: captar dinero y ofrecer pagar 90 por ciento de intereses cada semana. Era la tercera vez que acudía a ese recinto militar donde seguramente se sentía “como en casa”.

 

Extrañamente, dos días después del incidente en Defensa, un general retirado que en 1994 sobrevivió a la caída de un helicóptero, se lanzó desde la terraza de un edificio a media cuadra del parque La Carolina de Quito. Para la Policía este suicidio no estaría relacionado a Nazareno.

COMO EN CASA. Miguel Ángel Nazareno acudió en tres ocasiones en este año a “realizar gestiones” en la sede del Ministerio de Defensa, en Quito.

CLIENTES DE UNIFORME

 

Miguel Ángel Nazareno fue conocido por el país a principios de julio de 2021 cuando cientos de personas de toda condición social acudían al Tenis Club de Quevedo para “invertir dinero” en la plataforma Big Money. Ofrecían un interés inverosímil, casi duplicar la inversión en solo una semana. Eso era 36 veces mejor de lo que en Machala pagaba el recordado notario Cabrera.

La necesidad económica hizo que muchos ciudadanos retiren sus ahorros de los bancos o pongan en venta vehículos e inmuebles. Pronto se conoció que Nazareno era un suboficial retirado del Ejército y que entre sus clientes VIP estaban miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

El 29 de julio, la Fiscalía informó: “Como parte de la investigación por presunta captación de dinero (Big Money) en Quevedo, Fiscalía ejecuta orden judicial. Se allanan y excavan lugares donde se enterraba ropa con logotipos de unidades de Policía y matrículas de vehículos. También se hallaron municiones, cartuchos y uniformes de otras instituciones”.

Sobre el lugar de la captura, Ecuavisa informó ese día: “La calle de ingreso al sector conocido como rancho San Vinicio amaneció cercada. Unos 50 uniformados del Grupo de Intervención y Rescate se encuentran en el sitio”. El acceso a la prensa fue restringido y sobre este operativo no se hace referencia entre los actos judiciales publicados dentro del proceso por captación ilegal de di- nero iniciado en contra de Nazareno, su esposa y otra persona.

PARADÓJICAMENTE, cuando saltó el escándalo, cientos de ciudadanos salieron a las calles de Quevedo a protestar por las acciones de la Fiscalía en contra de Miguel Nazareno.

El delito de captación ilegal de dinero está previsto en el artículo 323 del Código Integral Penal y se sanciona con un máximo de siete años de prisión.

A la audiencia de formulación de cargos no acudió Nazareno aduciendo falta de garantías. Cuando finalmente se realizó, a principios de octubre, el juez se abstuvo de mandarlo a prisión. Para entonces, la Fiscalía mostró indicios como “pericias de entregas de dinero, propaganda, recibos de depósitos, transferencias bancarias, con lo que se presume la responsabilidad de los procesados…”.

Las medidas sustitutivas fueron la prohibición de vender un inmueble, la prohibición de salida del país y la presentación una vez por semana. El juez argumentó que no le ordenaba el uso de grillete electrónico “por cuanto la misma Policía se encuentra involucrada”.

Luego las presentaciones semanales fueron cambiadas a presentaciones “una vez al mes”. En enero la Fiscalía pidió fecha para la formulación de cargos en contra de Nazareno. Tres veces la audiencia se suspendió porque “el defensor público padece de una enfermedad” o porque cambiaron de abogados. Expresamente se dijo que los procesados podían asistir por teleconferencia.

Paradójicamente solo el Jueves Santo, cuando Nazareno ya había muerto la audiencia finalmente se instaló. La Fiscalía anunció que, a pesar de las más de 80 pruebas en contra de los acusados, estos fueron sobreseídos por el juez. Eso es igual a archivar u olvidar el caso. La investigación dentro de las Fuerzas Armadas, en busca de complicidades, está en marcha.

LA VIDA DE “DON NAZA” terminó al amanecer del Jueves Santo cuando fue encontrado sin signos vitales en un camino vecinal de la parroquia Amaguaña, al sur de Quito. Tenía una herida de bala y según los forenses, murió desangrado.

 

LA MISMA HISTORIA: EL NOTARIO CABRERA

 

La muerte de José Cabrera Román, notario de Machala, enbrazos de una adolescente y rodeado de alcohol, drogas y estimulantes era de por sí ya un escándalo. Peor fue cuando tras su deceso, oleadas de personas llegaban a su despacho no para dar el pésame a sus deudos, sino a reclamar el dinero que le habían entregado.

Se descubrió a policías que salían de la notaría con sus chalecos inflados de dinero, militares que escalaban las paredes para recuperar su plata. Hasta el avión presidencial con oficiales de la FAE aterrizó en Machala y sus ocupantes se dirigieron a la notaría.

Cuando apareció la lista de “inversionistas” estaba el presidente de la Corte de El Oro, el alcalde de Piñas, la esposa del alcalde de Machala, generales, coroneles, sargentos y soldados. El Alto Mando fue relevado tras el escándalo. Se dijo que el notario que solo daba 10 por ciento mensual, habría captado unos 200 millones de dólares.

 

Fuente: Revista Vistazo

 

 

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