Ecuador enfrenta una crisis sostenida de desapariciones. Desde 2023, el país registra un promedio de 600 denuncias mensuales, en medio del periodo más violento de su historia reciente.
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En 2025 se reportaron 7.459 casos, un 5,3% más que el año anterior. Al cierre del año, 854 personas seguían sin ser localizadas —la cifra más alta en una década y un aumento del 62% frente a 2024— mientras que 433 víctimas fueron halladas sin vida. Solo en enero y febrero de 2026 ya se contabilizan 1.239 nuevos casos.
Los adolescentes representan el grupo más vulnerable, con el 34% de los casos registrados en 2025. Un patrón recurrente muestra a jóvenes que viajan a balnearios de la Costa y desaparecen o aparecen posteriormente asesinados. El caso de Alina Pihuave, ex reina de Puerto López, desaparecida el 27 de diciembre de 2025, ilustra la impunidad que rodea estos hechos: hasta hoy no hay detenidos ni rastro de ella.
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Según la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC), los grupos criminales utilizan las desapariciones para controlar territorios, silenciar testigos y explotar víctimas en redes de trata o trabajo forzado.
Lidia Rueda, presidenta de Asfadec, señala que incluso cuando se encuentran cuerpos, la impunidad persiste: muy pocos casos se esclarecen. Advierte además que la capacidad institucional es insuficiente: en Guayaquil, la situación de fiscales disponibles es más crítica que en Quito, donde apenas existen cuatro unidades para tres millones de habitantes.
Las recomendaciones ante una desaparición son claras: no esperar horas ni días para denunciar, acudir directamente a la Fiscalía y a la Dinased, documentar toda información disponible y visibilizar el caso públicamente, ya que la exposición mediática puede ser un factor disuasivo para los captores.
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Fuente: TeleAmazonas
Exprésate Morona Santiago
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Macas – Ecuador