Ecuador registra más de 66 mil denuncias por violación.
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En 10 años, Ecuador registra más de 66 mil denuncias por violación.
En Ecuador se han presentado más de 66 mil denuncias por violación entre enero de 2015 y junio de 2025, según datos de la Fiscalía General del Estado. El presidente Daniel Noboa propuso reformar la Constitución para aplicar castración química a sentenciados por este delito y establecer un registro de agresores sexuales. La Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la viabilidad de la iniciativa.
El 11 de julio de 2025, el Ejecutivo envió a la Corte un proyecto para modificar el artículo 393 de la Constitución. El documento señala que entre 2014 y mayo de 2025, la Función Judicial registró 71 270 procesos por delitos sexuales. El 22 % de ellos involucran a víctimas menores de edad.
Una de las denuncias más recientes involucra al asambleísta Santiago Díaz, acusado de violar a una niña de 12 años. Según el informe, el legislador habría estado alcoholizado durante una fiesta y llevó a la menor a una habitación. El Gobierno ofreció una recompensa de USD 100 000 por información que permita su localización.
Pichincha y Guayas, con las cifras más altas.
Las estadísticas muestran que 18 provincias concentran la mayor parte de los casos. Pichincha registra 12 776 denuncias, Guayas 11 520, Manabí 4 767, El Oro 3 514 y Azuay 3 450. En 2025, se han reportado 3 662 procesos judiciales, de los cuales solo 1 688 están en trámite.
En abril de este año, un hombre fue condenado a 29 años de prisión por violar a una niña de ocho años en Cuenca. El proceso judicial inició en 2021. Otro caso grave involucra a un soldado del Ejército detenido por producir y almacenar material de abuso infantil, y por presuntamente violar a sus hermanastros de ocho y seis años en Latacunga.
La Policía Nacional reporta 427 detenidos por violación entre enero y junio de 2025. De ese total, 37 personas fueron localizadas por el Bloque de Búsqueda.
Debate constitucional sobre la castración química.
La propuesta del presidente ha generado cuestionamientos legales. El constitucionalista Daniel Gallegos Herrera advirtió que la castración química representa una afectación a la integridad física y podría ser considerada trato cruel o tortura, según la Constitución y convenios internacionales.
En 2019, la Corte ya rechazó una propuesta que planteaba amputación de dedos a ladrones, argumentando que iba contra los derechos humanos. Gallegos señaló que esa postura podría repetirse en este caso, a menos que se fundamente una diferencia sustancial con precedentes anteriores.
El penalista Julio César Cueva coincidió en que la medida podría constituir una violación a derechos fundamentales, ya que implicaría tratamiento médico sin consentimiento informado. Además, recordó que Ecuador está suscrito a convenios que prohíben la tortura.
Según Cueva, la castración química se ha aplicado en al menos 15 países, en algunos casos como requisito para libertad condicional, ya sea de forma obligatoria o voluntaria. Indicó que la Corte deberá realizar un análisis de proporcionalidad para evaluar si el derecho de la víctima puede prevalecer sobre el del agresor.
Registro de violadores y posible vía constitucional.
Sobre el registro de personas sentenciadas por violación, Cueva explicó que podría funcionar como un documento de acceso restringido, solicitado por empleadores o instituciones educativas, similar al récord policial. Sin embargo, Gallegos advirtió que existe un dictamen previo de la Corte que califica ese tipo de registros como discriminatorios y contrarios al objetivo de rehabilitación social.
En caso de que la Corte Constitucional considere viable el proyecto, deberá definir si se tramita por reforma parcial o enmienda constitucional. Para que la iniciativa prospere, el alto tribunal tendría que justificar una ruptura con sus precedentes o demostrar que las condiciones actuales exigen un enfoque distinto.
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