La paradoja de la Amazonía: genera más riqueza, pero vive en mayor pobreza.
La región amazónica del Ecuador enfrenta una paradoja estructural: es la principal productora de petróleo del país, pero registra los peores indicadores laborales y sociales. Los cantones petroleros son especialmente vulnerables a las fluctuaciones internacionales del crudo, lo que amplifica las desigualdades económicas y sociales.
Dependencia petrolera y vulnerabilidad económica.
Investigaciones de la Universidad San Francisco de Quito señalan que la Amazonía aporta más del 99,6% de la producción nacional de crudo, pero concentra los niveles más altos de precariedad laboral. Cada caída en los precios del petróleo repercute de manera desproporcionada en los ingresos, la formalidad laboral y la estabilidad social de esta región.
La volatilidad de precios y su impacto.
El precio de referencia WTI cayó de USD 89,43 en septiembre de 2023 a USD 64,09 en septiembre de 2025, una disminución del 28,3%. Esta baja impacta directamente en las transferencias establecidas por la Ley 010, que destina USD 2,49 por cada barril producido a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. En 2025, la Amazonía recibió USD 315,90 millones: 55% para GAD municipales, 26% para provinciales, 10% para parroquiales, 5% para la Universidad IKIAM, 3% para universidades de la región y 1% para la Secretaría Técnica.
Empleo adecuado en crisis.
Los indicadores de empleo adecuado están muy por debajo del promedio nacional de 35,9%. Orellana registra 10,44%, Napo 13,82%, Morona Santiago 14,60%, Sucumbíos 20,67%, Pastaza 19,97% y Zamora Chinchipe 25,34%. En contraste, provincias no petroleras como Pichincha (51,21%) o Galápagos (51,14%) superan ampliamente la media nacional.
Informalidad laboral como refugio.
En 2024, las provincias amazónicas presentaron los mayores índices de informalidad: Orellana 83,01%, Morona Santiago 83,32%, Napo 77,74%, Zamora Chinchipe 72,43%, Pastaza 70,31% y Sucumbíos 70,27%. Esto contrasta con Pichincha (28,58%) o Galápagos (15,34%). En tiempos de crisis petrolera, la informalidad se convierte en la principal vía de subsistencia, aunque sin seguridad ni estabilidad.
Jóvenes y mujeres: los más afectados.
El impacto económico golpea con más fuerza a los jóvenes menores de 24 años y a las mujeres. Los primeros registran mayores caídas de ingresos y menor acceso al empleo formal. En el caso de las mujeres, la probabilidad de acceder a un trabajo formal se reduce en el doble de lo que afecta a los hombres, lo que refuerza las brechas de desigualdad.
Pobreza extrema como denominador común.
Las cifras de pobreza confirman la paradoja. Morona Santiago presenta 71,19% de pobreza por ingresos y 59,90% en pobreza extrema, la más alta del país. Napo alcanza 52,38% y 24,62%, Pastaza 48,88% y 39,74%, Sucumbíos 46,21% y 23,97%, y Zamora Chinchipe 34,76% y 17,55%. Estas tasas superan hasta seis veces los indicadores de provincias como Pichincha (11,20%).
Transferencias y dependencia estructural.
Aunque la Ley 010 busca compensar a los territorios amazónicos, la mayor parte de los recursos se destinan a servicios básicos e infraestructura. En 2024, solo el 7% de los fondos financiaron proyectos económicos productivos. Esta estructura reproduce la dependencia del petróleo en lugar de generar alternativas de desarrollo sostenible.
Una paradoja no resuelta.
La Amazonía ecuatoriana aporta la principal fuente de divisas al país, pero mantiene las condiciones sociales y laborales más precarias. El modelo actual refuerza la dependencia petrolera y limita la construcción de economías diversificadas. La superación de esta paradoja exige transformar el modelo económico regional, invertir en capacidades locales y reducir la vulnerabilidad frente a la volatilidad internacional del crudo.
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