febrero 23, 2024

Los casos de terrorismo y delincuencia organizada llegan a una justicia debilitada

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Ya pasó una semana desde que se declaró el conflicto armado interno en Ecuador, lo que implicó reconocer a 22 grupos armados como terroristas y disponer la neutralización de sus miembros.

 

En solo siete días hubo 18 108 operativos, en los que se detuvo a 1 753 personas, de las cuales, 158 serán procesadas por terrorismo. Además, se ha incautado armas, dinero, vehículos, explosivos, municiones, entre otros elementos que serán parte de las pruebas utilizadas en la etapa de juicio.

Todos los aprehendidos tienen derecho al debido proceso y a la legítima defensa. Sus casos serán tramitados por fiscales y llegarán a los jueces especializados, quienes determinarán la responsabilidad de cada sospechoso.

Ese rol lo debe asumir la función Judicial que en los últimos meses se ha visto debilitada institucionalmente por el caso Metástasis y la inestabilidad del Consejo de la Judicatura.

El caso Metástasis provoca desconfianza en la justicia

La Fiscalía General del Estado puso en evidencia la existencia de una red de narcopolítica que salpicaba a varias funciones del Estado; sobre todo la judicial.

Jueces vendían directamente y mediante intermediarios decisiones que beneficiaban a integrantes de grupos criminales, a cambio de regalos o dinero.

¿Cómo recuperar la confianza en un sistema judicial servicial al narcotráfico?

La consejera de la Judicatura, Yolanda Yupangui, dice que se están tomando acciones para recuperar la institucionalidad y que de a poco se notarán los cambios.

Ocho jueces anticorrupción de primera instancia deberán atender 101 procesos.

 

La norma establece que estos casos deben tramitarse por jueces de las unidades especializadas en lucha contra la corrupción y crimen organizado, de acuerdo con una reforma reciente.

Incluso hay una resolución del 9 de diciembre de 2022 en la que dispone a los magistrados de otras secciones inhibirse del conocimiento de estas causas.

Son 23 jueces anticorrupción que llevarán adelante los al menos 101 procesos ingresados hasta el 15 de enero de 2024, los mismos que podrían aumentar en los próximos días y conforme avance el estado de guerra.

Antes eran solo 16, de los cuales ocho pertenecían a juzgados y trataban los procesos en primera instancia. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura detectó la posibilidad de que se genere un cuello de botella por los pocos magistrados, frente a la centena de causas.

Por eso, el 15 de enero de 2024, integraron a otros cuatro jueces individuales y una sala especializada integrada por tres. Es decir, siete magistrados adicionales.

Para el ingreso de nuevos magistrados, el Consejo de la Judicatura tuvo que hacer un análisis exhaustivo de los perfiles, pero también de los recursos para garantizar los sueldos.

 

Los únicos procesos que podrían tramitarse en otra sala son los relacionados con menores de edad. Según Yolanda Yupangui, hasta el momento se han ingresado dos en Quito y cuatro en Guayaquil. En esas excepciones podrían intervenir jueces de la Unidad de Justicia Juvenil.

De todas maneras, bajo el estado de guerra que rige en el país, cuyos objetivos militares son los miembros de las bandas delictivas, es probable que los jueces no alcancen a tramitar con la suficiente diligencia los casos a procesarse.

 

La consejera suplente de la Judicatura, Solanda Goyes, que está próxima a asumir el cargo como principal, en reemplazo de Xavier Muñoz, explica que además de esa decisión se dispuso que todos los casos de flagrancia sean atendidos a la brevedad posible y que lleguen a los jueces respectivos.

 

Desde el Consejo de la Judicatura también se abogó para que los jueces anticorrupción cuenten con la seguridad necesaria para que puedan hacer su trabajo sin miedo a ser amedrentados por las bandas delincuenciales.

El Consejo de la Judicatura, en rehabilitación

 

El Consejo de la Judicatura (CJ) al fin comienza a tomar rumbo. Durante la administración de Wilman Terán, el expresidente del CJ procesado por el caso Metástasis, hubo varias irregularidades que pusieron en tela de duda la institucionalidad.

 

Desde la toma de decisiones arbitrarias, con solo dos votos a favor, para destituir a jueces y beneficiar a exconsejeros; pasando por la extensión del periodo de jueces; hasta un concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia que fue cuestionado por varias irregularidades en el proceso.

 

Sobre lo último, la actual Judicatura, presidida de manera temporal por Álvaro Román, todavía no tiene una respuesta sobre cómo asignar los cargos vacantes; sin embargo, esperan solucionarlo esta semana.

 

La consejera Yolanda Yupangui cuenta que se siente una gran diferencia de la administración de Terán respecto a la de Román. «Estamos trabajando bastante bien».

Fuente: Ecuavisa

 

 

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