Los cuatro de Las Malvinas sufrieron múltiples agresiones
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FAE sufrieron múltiples agresiones antes del crimen.
Nueva reconstrucción de hechos revela más detalles del caso. Un disparo, correazos, patadas y golpes revelaron los militares investigados. Durante casi ocho horas, entre la noche del domingo 27 y la madrugada del lunes 28 de abril de 2025, se desarrolló la segunda reconstrucción de hechos en el caso de Las Malvinas, relacionado con la presunta desaparición forzada y asesinato de cuatro menores de edad en diciembre de 2024.
La diligencia se realizó en tres puntos: en Durán, en el peaje de la vía Durán-Tambo y en un sector rural de Taura, en Naranjal, provincia del Guayas. En esta reconstrucción, cuatro de los 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) procesados revelaron detalles sobre las agresiones sufridas por las víctimas.
Agresiones sufridas por los menores.
Según las nuevas versiones, los niños Steven Medina (11 años), Josué Arroyo (14 años), Saúl Arboleda (15 años) e Ismael Arroyo (15 años) fueron víctimas de correazos, patadas, puñetazos, pisotones en el suelo, llaves de lucha y la detonación de un disparo a corta distancia antes de su asesinato. Los cuerpos calcinados de los menores fueron hallados el 24 de diciembre de 2024 en una zona agreste de Taura.
La primera reconstrucción de los hechos había tenido lugar entre el 16 y 17 de marzo de 2025.
Captura y traslado de las víctimas.
Los menores fueron aprehendidos la noche del domingo 8 de diciembre de 2024 en la avenida 26 de Julio y Ernesto Albán, al sur de Guayaquil, por 16 militares de la FAE.
Durante la diligencia, un militar acogido a la cooperación eficaz acusó a un suboficial de lanzar de cabeza a dos de los adolescentes desde el balde de una camioneta, provocándole una fractura en la cabeza a uno de ellos. La camioneta, identificada como «B», se había detenido en un área de servicio junto al peaje de Durán.
Según el testimonio, el suboficial bajó a los adolescentes, los insultó, golpeó en la cabeza y pecho, y luego los lanzó de nuevo a la parte trasera del vehículo. Uno de los adolescentes quedó con una herida abierta en la cabeza.
Brutalidad en el trato a los menores.
La escenificación ante peritos de Criminalística, agentes de Fiscalía y abogados de las partes mostró cómo los militares lanzaron a los menores cabeza abajo, los golpearon brutalmente mientras estaban en el suelo y les aplicaron llaves de lucha en un aparente intento de forzarlos a confesar actividades delictivas.
Posteriormente, los menores fueron nuevamente subidos a la camioneta, con golpes en la espalda y la cabeza.
Abandono en Taura y disparos de intimidación.
Más tarde, la reconstrucción se trasladó a un camino rural sin asfaltar en Taura. En ese lugar, los cuatro militares imputados señalaron donde presuntamente abandonaron a los menores sin ropa, de noche y tras golpearlos. Peritos encontraron prendas de vestir, entre ellas una pantaloneta azul y restos de ropa aparentemente quemada, que serían sometidas a peritaje para determinar si pertenecen a las víctimas.
Un segundo militar implicado relató que, durante el abandono, un subteniente disparó al suelo a escasos 50 centímetros del niño de 11 años para intimidarlo. Además, describió cómo un teniente golpeó con una correa en la espalda al menor de los niños, mientras un cabo aplicaba una llave de lucha a uno de los mayores, provocando que cayera al suelo, tras lo cual fue pateado repetidamente.
Según este testimonio, el subteniente también pisoteó a los adolescentes mientras grababa la escena con el flash de su celular. Luego, ordenó a los menores desnudarse y lanzó sus prendas hacia los bajos de un muro carrozable.
Involucramiento de un teniente coronel.
La reconstrucción de hechos también permitió detallar el operativo dirigido por el teniente coronel Juan Francisco I. M., tres días después de la desaparición de los menores. El oficial, vinculado al proceso como cómplice el 11 de abril, lideró una operación de recuperación de prendas de vestir pertenecientes a las víctimas, las cuales fueron entregadas a la Unidad Antiextorsión y Secuestro (UNASE) en un procedimiento que incumplió la cadena de custodia y no fue reportado a Fiscalía ni a Policía.
A diferencia de los otros 16 procesados, que se encuentran en prisión preventiva, el teniente coronel enfrenta el proceso en libertad.
Próximos pasos en el proceso judicial.
La instrucción fiscal por el presunto delito de desaparición forzada concluirá el miércoles 30 de abril de 2025. Fiscalía tiene previsto solicitar la audiencia preparatoria de juicio una vez cerrado el plazo de investigación.
El juez del caso deberá decidir si valida el mecanismo de cooperación eficaz otorgado por los cuatro militares que ampliaron la visión de los hechos.
Posible agravamiento de las penas.
Abraham Aguirre, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil y representante de las familias de las víctimas, señaló que los múltiples golpes sufridos por los niños podrían constituir actos de tortura.
El abogado advirtió que la colaboración de los implicados podría ser un intento por reducir sus futuras penas. El delito de desaparición forzada contempla sanciones de entre 22 y 25 años de prisión, pero podría agravarse hasta 35 años debido a la edad de las víctimas y el abuso de poder de los responsables.
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