Minería ilegal avanza sin control en la Amazonía de Ecuador y amenaza áreas protegidas y comunidades indígenas

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  • La minería —tanto ilegal como la legal— pasó de deforestar 185 hectáreas en el río Punino, Napo, en 2022 a 784 en 2023, según el más reciente reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) y la Fundación Ecociencia.
  • De acuerdo al informe, la mayoría de la actividad extractiva se realiza de manera ilegal fuera de concesiones. La expansión minera amenaza al área protegida Área de Conservación Municipal El Chaco y también se acerca al Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras.
  • Las comunidades de la zona denuncian que las disidencias colombianas de las FARC ya están en la zona y que protegen a los mineros ilegales.

En solo un año la minería en el río Punino, en la provincia amazónica de Napo, se multiplicó cuatro veces. Pasó de 185 hectáreas afectadas en el 2022 a 783 en 2023. El reporte advierte que al menos el 90 % de la actividad es ilegal, es decir, que se realiza fuera de las zonas autorizadas para minería.

“En Punino, la situación ya se acerca a las 1000 hectáreas devastadas por minería ilegal, en Yutzupino cerca de 400, en Arosemena Tola más de 1500 y en el Ahuano cerca de 600. Todo esto con pleno conocimiento de las autoridades”, dice Eduardo Rojas, ex delegado provincial en Napo de la Defensoría del Pueblo.

La situación en Punino es solo una fotografía de lo que está pasando en toda la Amazonía ecuatoriana. Según el mapeo satelital reciente del Proyecto de Conservación de la Amazonía Andina (MAAP) y la ONG Ecociencia, dos organizaciones que analizan y reportan continuamente los cambios en el bioma amazónico, la minería se triplicó del 2015 al 2021, alcanzando las 7495 hectáreas. Las provincias más afectadas son Zamora Chinchipe (5034 hectáreas), Napo (1125 hectáreas), Morona Santiago (646 hectáreas) y Sucumbíos (610). Lo más alarmante es que al menos el 46 % de la actividad minera ilegal afecta hoy territorios indígenas.

Maquinaria amarilla encontrada por los militares y la Policía en el marco del operativo Manatí 3 en Punino. Crédito: Fuerzas Armadas.

Pese a que el Estado ha empezado por realizar operaciones militares en Punino, como es el caso del operativo Manatí de mayo de 2023, la situación sigue fuera de control. Según fuentes consultadas en terreno, la minería no mengua y ahora los mineros actúan en grupos más pequeños para evitar llamar la atención. Además, las comunidades en la zona le confirmaron a Mongabay Latam que el problema sigue vigente, algo que también demuestran las recientes cifras dadas a conocer por el reporte de MAAP y Ecociencia.

A la minería ilegal, hay que sumarle la violencia. Las comunidades que habitan las zonas invadidas por la minería y los exfuncionarios consultados han reportado recientemente la llegada de las disidencias colombianas de las FARC para proteger la extracción ilegal de oro.

Militares y policías desarrollaron el operativo Manatí 3 contra la minería ilegal en Punino, cuyos resultados han sido cuestionados. Crédito: Policía Nacional.

Los operativos no han detenido la minería

La minería en la zona de Punino se ha expandido de manera dramática en 2023, como lo confirman los expertos de Ecociencia. “Está dada a lo largo del río Punino. También se registró afectación en las cuencas del Río Sardinas, Río Lumucha y Río Supayacu, que a su vez forman parte del macro sistema hídrico del Río Coca”, explica a Mongabay Latam un experto de la Fundación Ecociencia que prefiere mantener su nombre en anonimato por las condiciones de orden público del país.

El especialista, además, asegura que hay una tendencia de aumento de la minería en la Amazonía ecuatoriana, que creció en un 19 % entre el 2021 y 2022, es decir, un incremento de 1405 hectáreas nuevas en un solo año. También señala que Punino es el caso más preocupante porque toda la afectación es causada solo por minería ilegal que opera junto al Parque Nacional Podocarpus.

En mayo de 2023, en un intento por frenar la devastación, las autoridades ecuatorianas ordenaron la ejecución de la acción militar Manatí 3. A pesar de que entraron al área 1500 efectivos y destruyeron 34 máquinas de extracción, junto con otros insumos utilizados en la minería ilegal de oro, la situación no ha cambiado.

Deforestación provocada por la minería en la Amazonía ecuatoriana en color rojo y amarillo. Datos: MapBiomas Amazonía, 2022. Mapa elaborado por Ecociencia y MAAP.

“Resulta insuficiente el trabajo de las fuerzas armadas, falta mucho trabajo interinstitucional, además, se sabotean entre los órganos de control los operativos”, señala Eduardo Rojas, exfuncionario de la Defensoría del Pueblo. “Napo es tierra de nadie, la delincuencia que gobierna la minería ilegal ha comprado conciencias a las más altas esferas”, añade. Lo alarmante es que, según el exdelegado, no hay un solo detenido en los últimos dos años.

Rojas dice que el control de la minería debería ser relativamente sencillo para las autoridades con el decomiso de la maquinaria sin documentos de legalidad y de combustible. Dice que hoy día, estos controles no se ejercen, por lo que en la zona “se mueven 300 excavadoras como si fuera agujas, nadie ha visto nada”.

José Moreno, un defensor de derechos humanos, agrega que en la provincia de Napo hay más de 78 frentes mineros y que prácticamente toda la minería en la zona es ilegal, ya que incluso la que se realiza en concesiones “no cuenta con licencia ambiental ni los actos administrativos previos”. Señala que también parte de la maquinaria que tendría que haber sido destruida en los operativos fue ocultada en el área de las concesiones legales, por lo que no pudo ser encontrada. “Por lo menos 150 máquinas se quedaron en el sector”, dice.

Fotografías de los campamentos mineros en Punino. Foto: MAAP y Ecociencia.

Moreno también dice que tras los operativos, los mineros ilegales se adaptaron y “ya no andan en grupos grandes, sino pequeños”, para evitar atraer atención y que intervengan sus operaciones. Dice que la entidad encargada de controlar la minería, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, no está haciendo lo suficiente. Señala que el Consejo de Seguridad Ciudadana de Napo ha solicitado al gobierno nacional la declaratoria de estado de excepción focalizada en la minería, así como la de emergencia ambiental, además de pedir que se militarice la zona para frenar la actividad ilícita.

 

Comunidades amenazadas

La expansión de la minería en Punino además ha vulnerado los derechos de los pueblos indígenas al control de su territorio. “El 8% del territorio ecuatoriano ha sido concesionado para minería. Todas las concesiones han violado el requisito constitucional principal que es el de la consulta previa libre informada y de la consulta ambiental”, dice Kevin Zuñiga, un comunicador comunitario que trabaja de la mano de las federaciones indígenas del país y que ha visitado Punino recientemente. Sobre la zona, dice que “se ha dado una devastación total del río, es un sector muy extenso”. A nivel nacional, señala que las cifras reflejan la crisis, considerando que Ecuador pasó de ser el trigésimo exportador de oro en 2015 a ser el noveno en 2019, según el medio de comunicación PlanV. Esto para Zuñiga evidencia la fiebre del mineral en el país.

La minería, legal e ilegal, se acerca a las áreas protegidas de la región de Napo y Orellana. Foto: MAAP y Ecociencia.

La salud de las comunidades indígenas, producto del uso desmedido de mercurio, es lo que más le preocupa a Zuñiga, quien cita el caso del pueblo kichwa. “Está generando graves consecuencias al nivel de la salud en las familias de la Amazonía, sobre todo de las comunidades que viven en las riberas de los ríos y que usan el agua para su existencia”. Agrega que las comunidades actualmente resisten a los mineros y a las bandas delincuenciales que protegen a estos.

Tres fuentes en territorio entrevistadas por Mongabay Latam confirmaron que en Punino ya están presentes las guerrillas colombianas, que amedrentan a las comunidades y protegen a los mineros. “Desde hace dos años hay grupos armados que custodian los frentes mineros ilegales, el 15 de febrero del 2024 ya fue evidenciado por los militares ecuatorianos que se enfrentaron a fuego cruzado con un grupo de guerrilleros entre colombianos y ecuatorianos que custodiaban los frentes mineros en Punino”, dice Rojas, ex representante de la Defensoría del Pueblo.

Dinámica de la actividad minera entre 2019 y 2023 en la zona de Punino. Foto: MAAP y Ecociencia.

Moreno da una versión similar, al asegurar que “la seguridad la dan las disidencias, probablemente de las FARC. Son colombianos”. Señala que a las comunidades no les ha quedado otra alternativa que empezar a desplazarse, abandonar su territorio. Un enfrentamiento militar en Punino en febrero de 2024 entre militares ecuatorianos y un grupo armado ilegal colombiano dejó como resultado una persona muerta de nacionalidad colombiana y la incautación de armas, así como brazaletes con las siglas de las FARC.

*Aumento de la minería en Punino entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023. Foto: MAAP y Ecociencia.

Una de las fuentes consultadas señala que la presencia de grupos armados ilegales de origen colombiano también está comprobada por informes de inteligencia de la Policía. Asegura, además, que los mineros “están fuertemente armados” y que como informan los medios, las comunidades hace poco encontraron un campamento de la guerrilla en Punino. “Punino es hoy una tierra donde no hay ley, una tierra de nadie, donde los niños y las mujeres no pueden andar libremente porque el territorio es controlado por gente peligrosa”, dice.

 

 

 

 

 

 

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