Minería ilegal en Ecuador: alta impunidad pese a miles de denuncias
Entre 2021 y 2025, la Fiscalía ecuatoriana recibió 1.654 denuncias por delitos relacionados con minería ilegal. Sin embargo, solo 34 casos terminaron en sentencias condenatorias, mientras que el 69,5% de las denuncias permanece en investigación previa y 275 fueron archivadas.
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El Código Integral Penal establece penas de hasta 30 años de cárcel para quienes extraigan, exploten o comercialicen recursos mineros sin autorización. Las sanciones aumentan si hay daños ambientales o vínculos con crimen organizado, además de multas que pueden alcanzar los 1.500 salarios básicos unificados.
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Las denuncias aumentaron de 249 en 2021 a 393 en 2025. La mayoría de casos no avanzan porque los delitos se reportan como «no flagrantes»: cuando las autoridades llegan al sitio, los responsables ya no están presentes o las máquinas están apagadas.
Tres provincias concentran el 62,5% de las denuncias: Zamora Chinchipe, Loja y Napo. Zamora Chinchipe lidera la lista con alrededor de 10 puntos críticos identificados, pese a ser también el centro de la minería industrial formal del país, donde operan las minas Mirador y Fruta del Norte.
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En Napo, organizaciones locales reportan contaminación por mercurio en ríos como Jatunyacu y Anzu, afectando a comunidades indígenas. Según el colectivo Napo Ama la Vida, la minería ilegal está bajo control de grupos armados como Los Lobos y Los Choneros, lo que ha dividido a la población entre quienes permiten la actividad y quienes se organizan para resistirla.
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Fuente: Primicias
Exprésate Morona Santiago
Primer Medio de Comunicación Digital de la Provincia
Macas – Ecuador
