Volqueteros y traileros exigen a empresa minera un pago justo tras la eliminación del subsidio al diésel; la gobernadora de Zamora medió, pero los diálogos no han prosperado.
Transportistas de carga pesada —volqueteros y traileros— realizaron un bloqueo total en la vía de acceso a la mina Mirador, en la parroquia Tundayme, provincia de Zamora Chinchipe, tras el fracaso de los diálogos con la empresa EcuaCorriente S.A. (ECSA).
Los choferes denuncian que el pago actual por flete interno es de 7 dólares por viaje, mientras que solicitan 9 dólares, un ajuste que consideran imprescindible para cubrir los costos de operación luego de la eliminación del subsidio al diésel. La empresa habría ofrecido un incremento de 1 dólar, con la promesa de revisar tarifas en los próximos meses, propuesta que los transportistas calificaron como insuficiente.

“Estamos yendo directo a la quiebra, las deudas nos asfixian y los pagos retrasados nos tienen al borde del abismo. Con el precio actual nos obligan a abandonar este trabajo, como un desplazamiento forzado”, expresaron los transportistas.
La medida de hecho, iniciada con cierres parciales desde el domingo, se radicalizó el miércoles con un bloqueo total para todo tipo de vehículos, lo que provocó la suspensión del traslado de concentrado de cobre desde la mina hacia Puerto Bolívar.
Un factor adicional en la protesta es la incorporación de DUMPERS en las operaciones mineras, los cuales, según los transportistas, desplazan a decenas de volquetas locales. “Por cada DUMPER se dejan de ocupar hasta 10 volquetas. Con el tiempo, aquí ya no habrá transportistas ecuatorianos”, señalaron.
La falta de una representación gremial única también ha complicado las negociaciones. Los volqueteros trabajan de manera dispersa para distintas contratistas, mientras que los traileros están agrupados en dos consorcios que suman más de 300 unidades. Esto dificulta establecer acuerdos uniformes y ha prolongado la medida de hecho.
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Respuesta de la Gobernación
Ivonne Panchi, gobernadora de Zamora Chinchipe, se movilizó la noche del miércoles para mediar entre los transportistas y ECSA. “Toda la esperanza está puesta en el día 12 para que se llegue a un acuerdo justo. Como gobierno, siempre primaremos el bienestar de la ciudadanía y queremos que todo salga bien para ambas partes”, manifestó Panchi. La autoridad provincial recalcó que la intervención busca garantizar que las negociaciones se desarrollen de manera pacífica y dentro del marco legal, evitando enfrentamientos o afectaciones a la comunidad.
Representantes de los transportistas aseguraron que continuarán con la paralización hasta lograr que la empresa cumpla con la propuesta mínima de 9 dólares por viaje. Según sus cálculos, entre los turnos diurno y nocturno, los 85 volqueteros representados movilizan alrededor de 170 choferes, cifra que se duplica considerando a otras contratistas de la zona.
Además de los costos del diésel, los transportistas deben cubrir repuestos, mantenimiento y pagos de vehículos nuevos, muchos de los cuales dicen estar hipotecados.
“El gobierno ha estado pendiente, y hemos conversado con los ejecutivos de la empresa. No estamos contra el Estado ni la ciudadanía, solo buscamos un trato justo con ECSA. Mientras no se respete esto, la medida se mantiene”, enfatizó uno de los líderes de los transportistas.
La comunidad local también sufre las consecuencias de la paralización. Talleres mecánicos, restaurantes y otros servicios vinculados al sector minero ven reducida su actividad, afectando la economía de la parroquia. Los transportistas esperan que los ministerios y autoridades locales, incluidos la prefecta y el alcalde, intervengan para garantizar un acuerdo que asegure el empleo y condiciones justas para los trabajadores.
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Fuente: La Hora
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