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Radiografía de los candidatos a la Asamblea Nacional, procesos penales y deudas tributarias.
Una investigación liderada por Fundamedios y realizada por una alianza de 38 periodistas revela que 236 de los 2.089 candidatos a la Asamblea Nacional han tenido o tienen procesos penales en su contra. En Morona Santiago, el 21% de los candidatos enfrentan procesos judiciales.
Procesos penales y suspensión de causas.
Desde 2014, cuando entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el 11% de los candidatos han registrado denuncias penales. Entre los presuntos delitos se incluyen estafa, concusión, venta de cargos públicos, usurpación de funciones, abuso de confianza, calumnia, paralización de servicios públicos, robo de combustible, violencia intrafamiliar, delincuencia organizada y asesinato. La mayoría de estos procesos han sido archivados, pero en algunos casos activos los candidatos han solicitado la suspensión de sus juicios alegando su condición de postulantes.
El Código de la Democracia establece que los candidatos no pueden ser privados de libertad ni procesados penalmente desde su calificación hasta la proclamación de resultados, excepto en casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género o intrafamiliar. Si resultan electos, gozarán de fuero de corte nacional.
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Entre los casos más relevantes está:
- Armando Flor Izaguirre (PID), implicado en el caso Metástasis y acusado de ser testaferro del narcotraficante Leandro Norero, evitó el juicio debido a su candidatura.
- Laura Guato Yupanqui (PSC), detenida en flagrancia por supuesta perforación del poliducto de Petroecuador, cuyo proceso quedó suspendido en investigación previa.
- Wilver Arteaga Palacios (Camino Manabita – PSC y Cambio), exalcalde de Montecristi, enfrenta un proceso por presunto peculado con un perjuicio de USD 687.726.
- Pablo Naranjo Cruz y Pablo Albán Roura (PID, Cotopaxi), vinculados al caso Depuración I por peculado y enriquecimiento ilícito.
- Dick Borja Quiñónez (RETO, Esmeraldas), con 29 denuncias por supuesta estafa vinculada al proyecto habitacional Tecnipetrol.
- Otto Vera Palacios (Alianza Únete Santa Elena), con 19 procesos.
- José Bolívar Castillo Vivanco (ARE, Loja) y Jaminton Intriago Alcívar (Unidos por el Desarrollo, Manabí), con siete procesos cada uno.
A nivel de partidos, Revolución Ciudadana (RC) encabeza la lista con 24 candidatos con antecedentes judiciales, seguida de SUMA (23), ADN (20), Amigo (19), RETO (17) y el PSC (17).
Por provincias, Zamora Chinchipe registra el mayor porcentaje de candidatos con antecedentes (36%), seguido de Pastaza (28%), Santo Domingo de los Tsáchilas (23%), Manabí circunscripción 1 (22%) y Morona Santiago (21%).
Candidatos con problemas tributarios.
La investigación también reveló que 733 candidatos (35%) no han presentado sus declaraciones de impuesto a la renta al menos una vez entre 2017 y 2023. La organización política con más aspirantes en esta situación es Amigo (57), seguida de CREO y el PSE (56 cada uno), ADN (53) y el PSP (51).
Entre los aspirantes con mayores omisiones tributarias destacan:
- Annabella Azín Arce (ADN, lista nacional)
- Ignacio Alfonso Crespo (PSP, Cañar)
- Doménica Vásconez Miranda (Avanza, Tungurahua)
Además, 320 candidatos (15%) no aparecen en la base de datos del SRI, lo que indica que nunca han tributado. De estos, 175 son mayores de 25 años.
Deudas tributarias y patrimoniales.
153 candidatos mantienen deudas con el fisco, 27 de ellos por montos superiores a USD 300. Revolución Ciudadana lidera esta lista con 16 candidatos deudores, seguida por el PSC (14), Centro Democrático y PID (12 cada uno), y CREO, SUMA y PSE (11 cada uno).
Entre los aspirantes con mayores deudas están:
- Frickson Erazo Vivero (Construye, Esmeraldas), con una deuda de USD 42.092 en impugnación.
- Raúl Chávez Nuñez del Arco (RC-RETO, lista nacional), con USD 19.775 en facilidades de pago.
- Gabriel Martínez Castro (SUMA, Guayas circunscripción 2), con USD 7.209.
El pago de impuestos no siempre refleja el patrimonio declarado. Algunos casos llamativos incluyen:
- Margarita Pico Meléndez (Centro Democrático, Tungurahua), quien declaró USD 2,9 millones como directora médica del Hospital de Píllaro en 2019, pero reportó solo USD 227 en impuestos en 2023.
- María Dolores Aray Yanzaguano (Pachakutik, Azuay), cuyo patrimonio aumentó en más de USD 8 millones en dos años.
Un panorama preocupante.
Estos hallazgos dibujan una radiografía preocupante de la clase política ecuatoriana que aspira a integrar la Asamblea Nacional, que en 2025 estará compuesta por 15 diputados nacionales, 130 provinciales y seis representantes del exterior. En un proceso electoral histórico por el número de candidatos, la transparencia y la probidad de quienes buscan ocupar una curul deberían ser factores determinantes para los electores.
Esta investigación, realizada por Fundamedios en colaboración con la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) y 37 medios de comunicación, busca arrojar luz sobre los antecedentes de quienes aspiran a legislar y fiscalizar en el país.
Morona Santiago.
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Exprésate Morona Santiago
Primer Medio de Comunicación Digital de la Provincia
Macas – Ecuador