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Napo registra más de 1 700 hectáreas deforestadas por minería entre 2017 y 2024.
Más de 1 700 hectáreas han sido deforestadas en la provincia de Napo desde 2017 debido al avance de la minería, en particular la no autorizada. Así lo establece un informe difundido el 21 de julio por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), que emplea imágenes satelitales para observar el estado de la cuenca amazónica.
Zonas más afectadas.
La investigación se enfocó en cuatro cuencas prioritarias: los ríos Jatunyacu, Anzu, Huambuno y el sistema Puní–Cotona–Arajuno.
En la cuenca del río Jatunyacu se registraron 502 hectáreas deforestadas, muchas de ellas en las inmediaciones de la ciudad de Tena y fuera del registro oficial minero.
En el río Anzu, se contabilizaron 635 hectáreas afectadas, de las cuales un 15 % se desarrollaron al margen del catastro.
En el caso del río Huambuno, la deforestación alcanzó las 492 hectáreas; un 23 % de las actividades no cuenta con permisos legales.
En el sistema Puní–Cotona–Arajuno, se identificaron 112 hectáreas intervenidas, con un 99 % de las operaciones sin autorización legal.
Crecimiento acelerado de la minería.
El informe, elaborado en colaboración con Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, alerta sobre el crecimiento acelerado de la minería en zonas que previamente no presentaban intervención.
Se evidenció pérdida de vegetación ribereña, apertura de caminos ilegales, contaminación de fuentes hídricas con metales pesados como el mercurio, y el aumento de tensiones sociales con comunidades indígenas y poblaciones locales.
«La cercanía de estas operaciones a nacientes clave compromete seriamente la integridad de los ecosistemas y la salud de la población, socavando opciones sostenibles como el turismo ecológico y la producción agrícola comunitaria», indica el informe.
Propuestas para mitigar los impactos.
El documento propone varias medidas orientadas a la protección ambiental y a la regulación de la actividad minera:
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Refuerzo del monitoreo ecológico
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Aplicación estricta de sanciones judiciales y administrativas a quienes impulsen o toleren la minería ilegal
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Establecimiento de franjas de exclusión minera de 100 metros alrededor de cuerpos de agua
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Inclusión de zonas de resguardo hídrico y corredores ecológicos en los planes territoriales de los gobiernos locales
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Reforma de la normativa ambiental para exigir estudios de impacto ambiental en nuevas vías ubicadas a menos de 1 kilómetro dentro de la Circunscripción Territorial Amazónica
Llamado a la acción.
El informe concluye con un llamado urgente a crear categorías obligatorias de protección hídrica para ríos con alto valor ambiental y cultural. También insta a desarrollar planes de gestión participativos que aseguren el derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio y entorno.
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