octubre 23, 2026

SIP advierte que el periodismo en Ecuador enfrenta violencia criminal, impunidad y presiones institucionales

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó su informe sobre la libertad de prensa en Ecuador, en el marco de su 82.ª Asamblea General, que se realiza del 22 al 25 de octubre en Bogotá, Colombia.

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El documento señala que el periodismo ecuatoriano trabaja en un entorno adverso, cuyas principales amenazas son el crimen organizado, la falta de presupuesto para la protección estatal y el uso de instituciones para restringir el flujo de información.

Según el informe, cerca de una docena de reporteros han salido del país por motivos de seguridad y otra comunicadora abandonó definitivamente el oficio. Esto, indica la SIP, profundiza los “desiertos de noticias” en mercados locales sin medios consolidados.

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La SIP también indica que el Mecanismo Estatal de Protección opera con serias limitaciones financieras, y que persisten agresiones físicas y campañas de desprestigio atribuidas a policías, agentes municipales, funcionarios y grupos delictivos. Añade que continúan las amenazas y el hostigamiento en línea, aunque sin un incremento significativo frente a períodos anteriores, y que la violencia, la precariedad laboral y la inestabilidad económica han aumentado la autocensura.

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Casos destacados

  • El 19 de junio, Hernán Higuera, de Ecuavisa, dejó la investigación del caso Progen. El periodista denunció que el Estado despidió a su esposa de una empresa pública y suspendió la plaza médica de su hijo como represalia por cubrir el caso.
  • El diario Expreso, cuya edición web está suspendida hasta conocer posibles desvinculaciones de personal, denunció hostigamiento estatal mediante entidades de control tras la intervención a Granasa. La SIP lo calificó como una censura indirecta inaceptable.
  • Un fallo de la Corte de Justicia del Guayas obligó a Fundamedios a eliminar una alerta de 2025, tras una acción de hábeas data de un empresario. La organización acató la decisión el 13 de octubre bajo protesta, para evitar consecuencias penales, y presentó un recurso ante la Corte Constitucional y una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH.

 

La SIP concluye que estas restricciones, sumadas a la violencia criminal, la falta de protección efectiva, la impunidad y la precariedad de los medios, han reducido la capacidad de cobertura independiente, especialmente fuera de los principales centros urbanos, y ampliado las zonas con escasa o nula oferta informativa.

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Fuente: La Hora

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