Plantean ley para permitir inversión privada en áreas protegidas.
Gobierno plantea ley para permitir inversión privada en áreas protegidas de Ecuador.
El Gobierno Nacional presentó a la Asamblea un nuevo proyecto de ley de carácter económico urgente que busca permitir la participación del sector privado en la gestión de las áreas protegidas del país. Se trata de la Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, que fue remitida por el presidente Daniel Noboa como parte de su agenda legislativa inicial.
El proyecto, compuesto por cinco artículos y una disposición general, propone reformar el actual modelo de administración de las áreas protegidas, abriendo paso a que empresas nacionales e internacionales puedan intervenir mediante contratos de operación, administración o inversión. Uno de los aspectos adicionales incluidos en la normativa es el perdón del 100 % de las multas a pescadores artesanales por el arrendamiento de infraestructura portuaria.
Justificación económica y de seguridad.
La propuesta del Ejecutivo se basa en dos razones fundamentales. Primero, la falta de recursos económicos por parte del Estado para sostener las 7,4 millones de hectáreas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Segundo, el creciente uso de estas zonas por parte de organizaciones delictivas, que operan actividades ilícitas como minería ilegal, pesca no autorizada, caza furtiva, tala indiscriminada y tráfico de especies.
El documento recalca que la crisis económica posterior a la pandemia ha reducido la capacidad del Estado para garantizar la conservación de estos espacios, lo cual representa un incumplimiento del mandato constitucional de protección de la naturaleza.
Cambio en el modelo de gestión.
Actualmente, el Código Orgánico del Ambiente establece que el financiamiento del sistema de áreas protegidas debe ser responsabilidad directa del Estado. Sin embargo, el nuevo proyecto plantea un modelo mixto que permita tanto la gestión estatal como la delegación al sector privado.
“Es apremiante promover una alternativa económico-financiera que aliente la inversión privada o externa y permita el establecimiento de un modelo autosustentable”, señala el texto legal, que además promueve el desarrollo del turismo ambiental y ecológico como estrategia de reactivación económica.
También se establece que los nuevos administradores podrán solicitar apoyo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en estos territorios, que actualmente es custodiada únicamente por guardaparques.
Reacciones y oposición.
El anuncio ha generado rechazo en varios sectores sociales e indígenas. Luis Canelos, presidente de la nacionalidad kichwa de Pastaza, fue uno de los primeros en pronunciarse en contra. Aseguró que esta normativa tiene como fin la privatización y militarización de territorios ancestrales, lo que consideran una violación de sus derechos colectivos y de la naturaleza.
“Este proyecto que se pretende aprobar en silencio y sin participación, afecta directamente nuestros derechos colectivos, a no ser desplazados de nuestros territorios ancestrales y a conservar nuestras prácticas de manejo del entorno natural”, declaró Canelos, quien exhortó al asambleísta de Pachakutik, José Nango, a rechazar la iniciativa.
Desde la Asamblea, las bancadas de Pachakutik y Revolución Ciudadana han manifestado su oposición. La legisladora Ana Herrera advirtió que se busca entregar a privados los recursos naturales del país. Por su parte, Dina Farinango afirmó que su bancada no respaldará una propuesta que pone en riesgo la soberanía sobre los territorios protegidos.
El proyecto deberá ser tramitado en un plazo máximo de 30 días, conforme a su carácter de ley económica urgente.
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