Alcalde y concejales de Riobamba son llamados a juicio por asociación ilícita en ‘Caso Altares’
La Fiscalía General del Estado acusó al alcalde de Riobamba, Jhon Vinueza, y a otras ocho personas por el presunto delito de asociación ilícita, dentro de una investigación por posibles actos de corrupción en el Municipio. Tras la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la jueza de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo dictó auto de llamamiento a juicio contra el alcalde, dos concejales, un exdirector municipal y un particular, y ratificó medidas cautelares como presentación periódica y prohibición de salida del país.
En el mismo proceso, otros cuatro implicados —entre concejales y exfuncionarios— recibieron auto de sobreseimiento. Sin embargo, la autoridad judicial dispuso iniciar nuevas investigaciones por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, relacionados con representantes de cooperativas de transporte.
La investigación se originó tras allanamientos realizados el 30 de enero de 2025 a domicilios de funcionarios y particulares. Según la Fiscalía, los procesados habrían conformado una estructura para cometer delitos como tráfico de influencias en causas de tránsito, cohecho vinculado a la presunta habilitación irregular de 255 cupos de taxis rurales y falsificación informática mediante la eliminación de multas. De acuerdo con los elementos recabados, existirían indicios de entrega de dinero para acceder a estos beneficios, aunque estos hechos continúan en investigación.
Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó interceptaciones telefónicas, análisis de dispositivos móviles, documentación institucional sobre proyectos de ordenanza de transporte, versiones de involucrados en la recaudación de dinero e información de un cooperador eficaz, entre otros elementos que serán parte del juicio.
Este no es el único proceso que ha enfrentado el alcalde. En enero de 2025, el Concejo Municipal aprobó su destitución por cambios en la donación de un terreno destinado a la construcción de una morgue; no obstante, el Tribunal Contencioso Electoral anuló esa decisión al determinar que no se cumplieron las formalidades establecidas en el Cootad.
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Fuente: vistazo
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