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Aumenta el número de cajas de ahorro que captan dinero de terceros y otorgan créditos sin autorización.

En Ecuador, el número de cajas de ahorro y comunales que operan sin ser cooperativas de ahorro y crédito ha crecido de manera preocupante, especialmente desde 2024. Esta situación genera inquietud entre los agentes de la Economía Popular y Solidaria debido a la falta de control sobre el manejo de los recursos.

Según datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (Seps), actualmente existen 572 cajas de ahorro y comunales en el país, una cifra superior a las 398 cooperativas de ahorro y crédito registradas hasta 2024.

Crecimiento sin control.

Édgar Peñaherrera, gerente de la Red de Integración de Cooperativas Icored, que agrupa a 47 cooperativas, alerta sobre el aumento descontrolado de estas entidades. «Nos preocupa que muchas de estas cajas están captando ahorros de terceras personas que no forman parte de ellas y, además, están prestando dinero a personas externas, lo que está prohibido por la normativa del sector», señala.

Peñaherrera indica que estas cajas operan principalmente en comunidades de la Sierra, como Otavalo, distorsionando el mercado financiero y generando sobreendeudamiento. Además, advierte sobre los riesgos de lavado de dinero en estas entidades. «Están otorgando créditos de entre USD 3.000 y USD 4.000, cuando en realidad deberían manejar montos menores, de entre USD 100 y USD 200. Además, han construido grandes edificios, promueven sus servicios con perifoneo en comunidades y se publicitan en redes sociales como si fueran instituciones financieras», agrega.

El origen del problema.

Desde 2022, el número de cajas de ahorro y comunales ha aumentado debido a una disposición de la Junta de Política Financiera, que obligó a decenas de cooperativas a transformarse en cajas tras no alcanzar el capital social mínimo de USD 200.000. La mayoría de las entidades afectadas pertenecían al segmento 5, que agrupa a instituciones con activos de hasta USD 1 millón.

Falta de supervisión y riesgos legales.

Samantha Olmedo, abogada especializada en el sector financiero, explica que estas entidades solo están obligadas a registrar sus nombres ante la Seps y ni siquiera requieren personería jurídica. «La normativa vigente establece que las cajas deben someterse a un ‘autocontrol’, lo que significa que la Seps no supervisa la captación de dinero, el origen de los fondos o los montos que prestan y a quiénes», enfatiza Olmedo.

Aunque la ley prohíbe que las cajas otorguen préstamos a terceros o capten dinero de personas externas, la falta de un control efectivo facilita que estas prácticas sigan ocurriendo.

El Código Monetario y Financiero establece que si una caja de ahorro incurre en actividades no permitidas, los organismos de control podrán ordenar la suspensión inmediata de sus actividades, el cierre de oficinas y notificar a la Fiscalía General del Estado. Además, las sanciones administrativas pueden oscilar entre 500 y 2.500 salarios básicos unificados, es decir, entre USD 235.000 y USD 1,17 millones, tomando en cuenta el salario básico de USD 470 en 2025.

Regulaciones vigentes.

Las cajas de ahorro y comunales están reguladas por la Codificación de la Junta de Política y Regulación Financiera, el Código Monetario y Financiero y la Ley de Economía Popular y Solidaria. Estas normativas establecen que:

No pueden captar recursos de terceros.
No pueden otorgar préstamos a terceros.
No pueden emitir avales, fianzas o garantías.
No pueden emitir ni operar tarjetas de débito, crédito o prepago.
No pueden realizar giros nacionales o internacionales.
No pueden recaudar ni efectuar pagos.
No pueden adquirir cartera o negociar documentos de pago.
No pueden invertir en entidades financieras privadas o en otras organizaciones de la economía popular y solidaria.
No pueden ofertar servicios no financieros.
No pueden tener sucursales, agencias, puntos móviles ni corresponsales solidarios.

A pesar de estas prohibiciones, las autoridades no pueden fiscalizar su cumplimiento a menos que la propia caja decida reportarlo, lo que genera un vacío en la supervisión.

El crecimiento descontrolado de las cajas de ahorro y comunales en Ecuador representa un riesgo para la estabilidad financiera del sector y para los usuarios que confían en estas entidades. La falta de regulación efectiva ha permitido que algunas operen fuera del marco legal, poniendo en peligro los ahorros de los ciudadanos y generando posibles escenarios de lavado de activos.

Expertos coinciden en que se requiere una regulación más estricta y un mayor control por parte de las autoridades para evitar que estas entidades sigan operando al margen de la ley.

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