Ecuador cambia las reglas para resolver conflictos en las escuelas

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El Ministerio de Educación de Ecuador establece nuevas reglas para manejar conflictos en los planteles educativos.

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La ministra Gilda Alcívar suscribió un acuerdo ministerial que define cómo deben abordarse los desacuerdos entre estudiantes y qué sanciones pueden aplicarse en cada institución. La normativa deroga la anterior, vigente desde 2023.

 

El acuerdo distingue entre conflictos escolares —situaciones de desacuerdo sin violencia ni acoso— y casos más graves. Para los primeros, las instituciones deben aplicar mecanismos alternativos basados en tres principios: restauración de relaciones, reparación voluntaria del daño causado y participación libre de las partes involucradas.

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Los rectores y directores de cada plantel podrán resolver directamente faltas vinculadas a deshonestidad académica, alteración de la convivencia o daño a la infraestructura. Sin embargo, casos de violencia escolar, acoso u hostigamiento serán competencia exclusiva de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos.

 

Cada institución deberá contar con una instancia permanente liderada por un directivo delegado, que levantará actas confidenciales de los acuerdos alcanzados. Los accidentes escolares no serán objeto de sanciones disciplinarias, aunque sí podrán trabajarse con prácticas restaurativas.

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El Ministerio de Educación de Ecuador también reguló el uso de teléfonos celulares en los establecimientos educativos, como parte del mismo paquete de normativas.

 

La regulación entró en vigencia el 15 de abril de 2025 y el Ministerio ratificó su aplicación el 23 de abril, bajo un enfoque pedagógico y de protección integral a niños, niñas y adolescentes.

 

Las disposiciones son claras: los celulares quedan totalmente prohibidos en educación inicial y básica. En bachillerato están permitidos únicamente con fines pedagógicos y bajo supervisión docente. Además, ninguna institución puede exigirlos como parte de los útiles escolares.

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Se establecen excepciones para estudiantes con necesidades médicas, situaciones de seguridad familiar o estudiantes extranjeros. También se prohíbe expresamente grabar, publicar o difundir imágenes de alumnos sin consentimiento previo.

 

La normativa se ampara en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y busca actualizar las disposiciones sobre el uso de dispositivos tecnológicos priorizando la privacidad y los derechos de los estudiantes.

 

Fuente: Primicias

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