Estados Unidos suspende trámites de residencia permanente
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Estados Unidos suspende trámites de residencia permanente.
El Gobierno de Estados Unidos ha decidido suspender temporalmente el trámite de residencia permanente para ciertos grupos de migrantes, en particular refugiados y asilados. La medida, anunciada recientemente, se fundamenta en presuntos fraudes detectados en las solicitudes de la llamada «green card». Esta decisión ha generado preocupación entre diversas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, quienes consideran que podría afectar a miles de personas que han buscado refugio en el país.
Revisión de solicitudes y seguridad nacional.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha ordenado a sus funcionarios detener la tramitación de casos presentados por quienes ingresaron al país bajo estatus de refugio o asilo. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, algunas solicitudes serán sometidas a una revisión minuciosa para identificar posibles irregularidades y evaluar riesgos para la seguridad pública y nacional. Sin embargo, grupos de defensa de los inmigrantes han señalado que estas revisiones podrían utilizarse como una excusa para retrasar indefinidamente la regularización de miles de personas.
Endurecimiento de políticas migratorias.
Desde su regreso a la presidencia, Donald Trump ha intensificado la supervisión de los procesos migratorios, lo que incluye restricciones en la concesión de visados temporales y en la obtención de la residencia permanente. En un documento oficial fechado el 20 de enero, su administración subrayó la necesidad de garantizar que los inmigrantes admitidos en el país no representen amenazas para la sociedad estadounidense. Esta política forma parte de una estrategia más amplia para endurecer los controles migratorios y reducir el número de nuevos residentes legales en el país.
Estadísticas sobre naturalizaciones.
Durante el primer año de la administración Biden, Estados Unidos otorgó la ciudadanía a aproximadamente 875 000 personas, una cifra que representó una disminución del 9 % en comparación con el récord de 969 000 naturalizaciones registradas en el año fiscal 2022. Sin embargo, la actual administración ha señalado que durante ese período hubo un relajamiento en los controles migratorios, lo que habría facilitado la supuesta existencia de fraudes en las solicitudes de residencia permanente.
Impacto en programas de asistencia y parole humanitario.
Esta medida afecta también a programas de asistencia para migrantes, como el parole humanitario, un mecanismo que permitía a ciertas personas en condiciones vulnerables ingresar y permanecer en Estados Unidos por razones humanitarias. Además, se ha suspendido la protección legal y las visas de trabajo para miles de ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, dejando a más de 530 000 personas en riesgo de deportación. Los afectados han expresado su temor ante la incertidumbre de su estatus migratorio y la posibilidad de ser devueltos a países donde enfrentan crisis económicas y políticas graves.
Afectación a menores migrantes.
La situación se agrava con la cancelación de contratos con organizaciones no gubernamentales que prestaban apoyo a menores no acompañados, lo que podría complicar aún más la situación de estos niños en territorio estadounidense. Según informes recientes, más de 120 000 menores no acompañados han cruzado la frontera en los últimos dos años, lo que ha puesto a prueba la capacidad del sistema de inmigración para gestionar sus casos de manera efectiva. Diversas ONG han advertido que esta decisión podría exponer a los menores a situaciones de vulnerabilidad extrema, al privarlos de asistencia legal y de servicios básicos mientras esperan la resolución de sus casos migratorios.
Reacciones y debate sobre el impacto.
Las autoridades federales han justificado estas decisiones argumentando la existencia de abusos y fraudes en los procedimientos migratorios. No obstante, defensores de los derechos humanos han alertado sobre el impacto humanitario de estas medidas, señalando que podrían poner en peligro a miles de personas que dependen de estos programas para su seguridad y bienestar. La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de estas políticas, mientras diversos sectores en Estados Unidos debaten su impacto a largo plazo en la población migrante y en la imagen del país como un destino de acogida para quienes huyen de la persecución y la violencia.
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