febrero 6, 2025

Firme rechazo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana a una sentencia del Constitucional que avala en cambio de sexo de niños

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La Corte Constitucional (CC) emitió un fallo que obliga al Ministerio de Educación a desarrollar protocolos específicos para proteger a menores que se identifican como transexuales dentro del sistema educativo. Esta decisión surge de una sentencia relacionada con un caso registrado en 2017 en la provincia de Santa Elena.

 

El caso surgió por una niña transgénero de nacionalidad española y exalumna de una escuela privada en la provincia costera. La Corte determinó que esa institución violó los derechos de la estudiante, incluyendo su derecho a la educación, igualdad, libre desarrollo de la personalidad y adaptabilidad.

 

En una decisión dividida, los jueces Karla Andrade, Alejandra Cárdenas, Jhoel Escudero, Alí Lozada y Daniela Salazar votaron a favor de la sentencia, mientras que Carmen Corral, Enrique Herrería, Teresa Nuques y Richard Ortiz emitieron votos en contra.

 

La CC dejó sin efecto decisiones judiciales anteriores de tribunales en Santa Elena que habían favorecido a la escuela. Además, estableció que la institución educativa no brindó el acompañamiento adecuado a la estudiante durante su proceso de definición de congruencia de género.

 

Como parte de la sentencia, se ordenó a la escuela enviar una carta de disculpas públicas a la estudiante, quien actualmente reside en España, reconociendo que no se respetaron sus derechos fundamentales.

 

Entre las medidas de no repetición, la Corte dispuso que el Ministerio de Educación revise y modifique los protocolos de actuación en un plazo de 180 días. Además, deberá diseñar un protocolo de acompañamiento para niñas, niños y adolescentes que será socializado en toda la comunidad educativa y convertido en un instrumento de aplicación obligatoria.

 

 

Conferencia Episcopal rechaza la sentencia

 

Por su parte, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana rechazó, este jueves 16 de enero de 2025, la sentencia de la CCE. La acusa porque «impone la ideología de género en el sistema educativo promoviendo una transición de género en niños de 5 años».

También aduce que dicho falló está «desconociendo la realidad biológica, social y psicológica de niños y niñas». En un comunicado, la Conferencia Episcopal tachó a la sentencia como «un nuevo y muy peligroso atropello a la integridad de los menores de edad».

 

Los Obispos ecuatorianos señalan que la decisión judicial desconoce la realidad biológica, social y psicológica de los niños, mientras impone lo que consideran una “ideología de género”. A su juicio, la sentencia representa un nuevo paso en la imposición de una agenda “deshumanizadora”, en abierta contradicción con los valores constitucionales y el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios éticos y científicos.

El comunicado denuncia la falta de consideración por parte de la Corte hacia aspectos fundamentales como la inmadurez de los niños para tomar decisiones irreversibles, el riesgo de diagnósticos erróneos, y el alto porcentaje de desistimiento entre menores con disforia de género al llegar a la pubertad. Además, alerta sobre los efectos sociales de permitir cambios de género legales en menores, con posibles repercusiones en áreas como el deporte y la convivencia social.

 

La Conferencia Episcopal de Ecuador también destaca los votos salvados de los jueces Teresa Nuques, Carmen Corral y Enrique Herrería, quienes han cuestionado los fundamentos de la sentencia y señalado que esta adopta posturas ideológicas sin sopesar las consecuencias para los menores.

De cara a futuros casos como el Nro. 1313-19-JP, que podría permitir tratamientos médicos irreversibles en niños y adolescentes, la Iglesia reitera su llamado a la sociedad ecuatoriana y al Gobierno Nacional a proteger a la niñez. Pide medidas urgentes para garantizar que los padres conserven su derecho a formar a sus hijos según sus valores, y llama a las familias a resistir lo que describen como una “imposición ideológica contraria a la dignidad humana”.

 

Finalmente, el episcopado ecuatoriano asegura que las instituciones educativas católicas continuarán promoviendo una educación humanista e inclusiva, respetando los derechos de los padres y defendiendo los principios consagrados en la Constitución.

¿Qué dijo la Escuela?

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo continuó con el proceso e interpuso una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. La causa recayó en la jueza Alejandra Cárdenas Reyes.

Durante el control constitucional, la Unidad Educativa argumentó que “no existe un desarrollo normativo claro y específico para tratar los temas de niños que reivindican una identidad de género diverso”. Además, apuntó que en la Unidad Distrital le manifestaron que “debemos referirnos (a la niña) de acuerdo a como conste en los registros de la matrícula”.

La escuela también indicó que siguió una serie de “prácticas permisivas”: se unificaron las columnas de las niñas y los niños, se le permitió utilizar los accesorios que considerara pertinente y en un festival se permitió que vaya como conejita. Pero no le aceptaron utilizar el baño de niñas, a cambio podía acudir al baño de profesores. También, argumentó que su profesora la llamaba por su nombre social.

Por su parte, el Ministerio de Educación concluyó que la Unidad Educativa se negó a seguir las recomendaciones dictadas por el Distrito de Educación y que presentó un escrito en el que sostuvo que “la niña tiene sexo masculino, (por ende) debe ceñirse a las disposiciones en relación al uso de uniforme”. La cartera de Estado inició un procedimiento disciplinario contra la escuela, pero luego lo archivó.

En tanto, la Unidad Judicial negó la acción de protección porque consideró que “no se vulneraron derechos constitucionales” y la Corte Provincial, en cambio, resaltó que un menor de edad “no tiene capacidad para escoger libremente su vida sexual sino, solamente cuanto posea la mayoría de edad”.

 

 

Se abre una puerta riesgosa

 

En redes sociales este tema ha generado una serie de reacciones. Ana Belén Cordero, candidata a la Asamblea se ha manifestado en contra de la sentencia antes expuesta, pero también sobre una causa que aún sigue en trámite en la Corte Constitucional.

Se trata de otra niña transgénero de Quito que pide el cambio de nombres en su cédula. Por ello, sus padres interpusieron una acción de protección en contra del Registro Civil, ya que se negó a marginar la inscripción de nacimiento de la menor.

 

Ante este caso, Cordero junto a Erwin Ronquillo, exsecretario Técnico de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil (2021 – 2023), interpusieron un amicus curiae “para defender los derechos de nuestros niños y de las familias ecuatorianas”.

 

Un niño pequeño ni siquiera puede elegir el sabor de su helado, peor va a poder elegir su sexo. La Corte Constitucional prioriza dentro de las garantías constitucionales este caso, no solo para reconocer en la cédula de identidad el cambio de sexo a los menores de edad, sin siquiera el consentimiento de sus padres, sino que esto abre las puertas a las cirugías de cambio de sexo en menores de edad, terapias de hormonización y bloqueos de pubertad”, aseguró Cordero en un video publicado en sus redes sociales.

 

 

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