Hay 28 focos de minería ilegal en Áreas Protegidas de Ecuador; militares redoblan esfuerzos

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La minería ilegal se expande por Ecuador con casi 380 puntos identificados en el país, de los cuales 28 se encuentran dentro de Áreas Protegidas, incluyendo parques nacionales. Esta actividad ilícita avanza particularmente en el Parque Nacional Sangay y la Cordillera del Cóndor, mientras las fuerzas militares intensifican sus esfuerzos para combatirla.

 

Situación en el Parque Nacional Sangay

El Parque Nacional Sangay, la tercera área protegida más extensa del país que abarca cinco provincias (Morona, Tungurahua, Chimborazo, Cañar y Azuay), enfrenta actividad minera ilegal en su zona baja. Un informe técnico del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de septiembre de 2024 confirmó la presencia de excavadoras realizando actividades mineras en los ríos Llushín y Chulla Llushín, con aproximadamente 11,2 hectáreas afectadas.

Según una denuncia presentada por la Asociación Agropecuaria Amundalo, aunque los primeros indicios de minería ilegal en el parque aparecieron hace 20 años, la situación empeoró en 2019 cuando personas armadas comenzaron a ingresar a la zona. Para agosto de 2024, grupos de 20 a 30 personas de distintas nacionalidades habrían establecido un campamento con diez dragas.

Presencia del crimen organizado

Células de organizaciones delictivas como Los Lobos y Los Choneros están involucradas en la minería ilegal en Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Estos grupos cobran extorsiones a los mineros ilegales, con tarifas que varían según el tipo de maquinaria: aproximadamente $10,000 por excavadora, $5,000 por clasificadora en forma de Z, y $3,000 por generador eléctrico.

El Parque Nacional Podocarpus tiene tres puntos de explotación minera ilegal, presuntamente controlados por Los Lobos. En la Cordillera del Cóndor, Los Choneros han establecido operaciones de extorsión y enfrentan conflictos con un grupo armado peruano conocido como Los Trujillanos por el dominio territorial.

 

Respuesta gubernamental

Desde hace más de un año, un decreto presidencial encargó a los militares la seguridad interna, incluyendo el combate a la minería ilegal. En octubre de 2024, el gobierno creó el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (CONIM), que ha realizado 60 operaciones exitosas desde entonces.

La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) es la responsable directa del control de la actividad ilegal, mientras los militares actúan en apoyo. Las operaciones se realizan a cualquier hora del día, ya que las actividades ilegales suelen ocurrir durante la noche.

 

La Arcom ha determinado tres centros de gravedad para el control de la minería ilegal: los sitios de extracción, las plantas de procesamiento, y las exportaciones.

 

Impacto ambiental y social

La minería ilegal afecta gravemente el ecosistema, daña la biodiversidad en las riberas de los ríos y causa cambios en los cauces que provocan inundaciones. En territorios como Palora, en Morona Santiago, la actividad turística ha disminuido como consecuencia de esta problemática.

 

Las provincias amazónicas de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, fronterizas con Perú, concentran el 54% de las hectáreas concesionadas a la minería legal, mientras la actividad ilegal se extiende rápidamente por estos territorios.

Fuente: Diario el Norte

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