Denuncias e investigaciones alcanzan a candidatos en Ecuador
Las denuncias e investigaciones judiciales han comenzado a marcar el escenario previo a las elecciones seccionales de noviembre de 2026 en Ecuador. A medida que se acercan los comicios, distintos actores políticos que figuraban como potenciales candidatos enfrentan procesos que podrían afectar su participación y futuro electoral.
En este contexto, las autoridades de control como la Fiscalía, la Contraloría y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) han tomado protagonismo, mientras la opinión pública se divide entre quienes exigen respeto al debido proceso y quienes demandan sanciones inmediatas.
Entre los casos más relevantes, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, enfrenta procesos por presunta comercialización ilegal de combustibles y lavado de activos, lo que incluye prisión preventiva que impediría su candidatura.
La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció que no buscará la reelección y renunciará a su cargo, en medio de su vinculación a una investigación por presunta delincuencia organizada. En Quito, el alcalde Pabel Muñoz es investigado por posible peculado en la compra de trolebuses, mientras también enfrenta tensiones por decisiones administrativas que han generado impacto en los municipios.
Otros casos incluyen al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, investigado por presunto enriquecimiento ilícito tras allanamientos a su vivienda y despacho; y al prefecto de Imbabura, Richard Calderón, junto a la viceprefecta Paolina Vercoutère, por un supuesto enriquecimiento no justificado, en un contexto marcado por protestas sociales.
De igual forma, la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, enfrenta una investigación similar. En el ámbito legislativo, Raúl Chávez, asambleísta y dirigente político, ha sido vinculado a un caso por presunta delincuencia organizada, mientras también mantiene un proceso en el TCE que podría afectar su liderazgo político. Finalmente, Luisa González, excandidata presidencial, enfrenta investigaciones por presunta delincuencia organizada y supuestas infracciones electorales.
En medio de este panorama, también se evidencian posturas políticas que denuncian persecución, mientras otros sectores cuestionan la actuación o silencio de las autoridades de control. Todo esto configura un escenario electoral atravesado por procesos judiciales, tensiones políticas y una creciente polarización.
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Fuente: Primicias
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