Archivan proyecto de ley para «control de las iglesias»
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Archivan proyecto de ley para «control de las iglesias».
El proyecto de Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa, o la ley para «control de iglesias» impulsado por la asambleísta Esther Cuesta de la Revolución Ciudadana, fue archivado por la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional el 1 de abril de 2025. La decisión se tomó por unanimidad y generó reacciones tanto a favor como en contra dentro del debate político y social ecuatoriano.
Debate y Posturas Políticas.
El debate sobre esta iniciativa estuvo marcado por tensiones entre la bancada correísta y el bloque oficialista ADN. Adrián Castro, asambleísta de ADN, cuestionó el proyecto alegando que buscaba imponer la «ideología de género» en las iglesias y restringir la libertad de expresión de los líderes religiosos. También criticó que Cuesta insistiera en esta propuesta tras la polémica generada por la intervención de un sacerdote en Cuenca, quien denunció supuestas maniobras del correísmo para tomar el control de organismos de supervisión del Estado.
Por su parte, Paola Cabezas, presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, justificó el archivo de la iniciativa con base en cuatro elementos fundamentales: la protección del Estado laico y la libertad religiosa, la intención de crear un Consejo Consultivo religioso, las competencias establecidas en la propuesta y la búsqueda de beneficios tributarios para las iglesias. Según Cabezas, la norma podría haber generado confusión sobre la relación entre el Estado y las entidades religiosas, lo que motivó su rechazo.
Contenido del Proyecto y Reacciones de la Iglesia.
El proyecto contemplaba la aplicación de sanciones severas contra las iglesias por realizar pronunciamientos políticos dentro de sus templos, lo que podría haber derivado en la cancelación de su personería jurídica. Esta disposición generó un amplio rechazo de la Iglesia Católica, que argumentó que la normativa vulneraba los derechos del 70% de la población ecuatoriana que se identifica con esta fe.
En un extenso comunicado, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana celebró la decisión de archivar el proyecto, señalando que este no solo atentaba contra la libertad religiosa de la mayoría, sino también contra los derechos de otras minorías religiosas. «Toda norma jurídica que garantice el libre ejercicio de la fe religiosa es en sí misma loable y merece una atención responsable. El problema se presenta cuando una ley atenta contra aquello que quiere defender, la libertad y la igualdad, y más aún cuando sus defensores utilizan epítetos y calificativos denostando, en este caso, a una tradición religiosa determinada, el catolicismo», afirmó la institución.
Defensa del Proyecto por Esther Cuesta.
En contraste, Esther Cuesta defendió el proyecto argumentando que su objetivo era garantizar el derecho a la libertad religiosa, eliminar la discriminación y modernizar la Ley de Cultos de 1937, la cual considera obsoleta. En su cuenta de X, explicó que la propuesta buscaba reconocer la diversidad espiritual del Ecuador y reforzar el principio de laicidad del Estado. Asimismo, afirmó que la normativa podría haber ayudado a transparentar la administración de las iglesias y prevenir abusos en el ámbito religioso.
Impacto y Perspectivas Futuras.
El archivo de la propuesta legislativa deja en evidencia las profundas divisiones políticas y sociales sobre el rol de la religión en la esfera pública y el papel del Estado en su regulación. Mientras algunos sectores argumentan que es necesaria una mayor supervisión de las instituciones religiosas, otros defienden que cualquier intento de regulación podría derivar en restricciones a la libertad de culto y de expresión. El debate sobre la relación entre la religión y el Estado sigue abierto en Ecuador, y es posible que propuestas similares sean retomadas en el futuro.
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