Se cae la concesión del campo Sacha

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Se cae la concesión del campo Sacha tras incumplimiento de pago de Sinopetrol.
La concesión del campo Sacha quedó sin efecto luego de que el consorcio chino-canadiense Sinopetrol no realizara el pago anticipado de USD 1.500 millones dentro del plazo establecido por el presidente Daniel Noboa.
El ultimátum, fijado hasta las 21:00 del 11 de marzo de 2025, exigía el desembolso de este monto como condición para la adjudicación directa del campo. Sin embargo, ante la falta de cumplimiento, la negociación se dio por concluida.
Decisión presidencial y presiones políticas.
Desde el Gobierno se confirmó que, al no cumplirse con el pago, se procedió conforme a lo dispuesto por el mandatario. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dominada por el correísmo, había solicitado la derogación de la resolución que otorgaba la concesión, argumentando la falta de pago por parte del consorcio.
El presidente Noboa había anunciado el 5 de marzo que, si no se concretaba la transacción, no firmaría el contrato de delegación del campo Sacha a inversión extranjera por los próximos 20 años.
Dificultades para cumplir con el pago.
Ramiro Páez, apoderado legal de Petrolia, empresa que posee el 40% de participación en Sinopetrol, había manifestado que el plazo impuesto por el Gobierno era un desafío, ya que originalmente se habían previsto 30 días laborables para reunir los fondos. Petrolia debía aportar con USD 600 millones, mientras que Amodaimi, filial de la gigante china Sinopec y propietaria del 60% restante, tenía que cubrir USD 900 millones.
Páez reconoció que la urgencia del Ejecutivo respondía a la necesidad de recursos para enfrentar emergencias causadas por las lluvias y la crisis de inseguridad en el país.
Cuestionamientos al contrato.
El contrato de delegación directa había sido objeto de críticas por diversos sectores. Uno de los principales cuestionamientos era la reducción en la inversión anual comprometida por el consorcio, que se ubicaba en USD 87,5 millones por año, en contraste con los USD 158,5 millones anuales que ha destinado Petroecuador en la última década.
Además, se señaló que el Estado pasaba de recibir el 100% de la producción del campo Sacha a solo el 18%, mientras que el 82% restante quedaría en manos del consorcio privado. Esta distribución había generado malestar en sectores sociales y petroleros, que consideraban excesivo el porcentaje de barriles cedidos.
Según Páez, los términos del contrato estaban alineados con el Reglamento Codificado a la Ley de Hidrocarburos, aprobado en 2022 bajo la administración del expresidente Guillermo Lasso. También mencionó que la participación estatal en la producción aumentaría progresivamente con el precio del petróleo, alcanzando hasta un 26% si el barril llegaba a USD 120.
Impacto económico.
Páez aseguraba que, bajo este modelo, el Estado recibiría USD 10.600 millones en 20 años, lo que representaría USD 530 millones anuales. No obstante, los trabajadores petroleros agrupados en la Antep han sostenido que el campo Sacha actualmente genera USD 1.700 millones anuales en renta neta para el Estado, lo que evidenciaría una menor rentabilidad bajo la concesión privada.
Con la caída de la concesión, el Estado mantiene el control total sobre el campo Sacha y su producción petrolera.
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