Trata de personas, la otra cara de la minería ilegal en Ecuador
Fuente: El Comercio
Víctimas de trata de personas, la otra cara de la minería ilegal en Ecuador.
La minería ilegal en Ecuador no solo implica la extracción clandestina de recursos naturales, sino también graves violaciones a los derechos humanos. Entre ellas, la trata de personas se ha consolidado como una de las expresiones más alarmantes del crimen organizado en el país.
En las provincias de Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Napo, Azuay, El Oro, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, la minería ilegal se mezcla con redes delictivas que captan, trasladan y explotan a personas, principalmente mujeres y menores de edad.
Leonardo Cerda, miembro de la Fundación Hakhu Amazon, recuerda que desde su niñez escuchaba sobre desapariciones en su comunidad amazónica. En ese entonces, el problema giraba alrededor del petróleo, pero con los años se trasladó a la minería ilegal. Cerda cuenta que, siendo niño, una persona le ofreció recursos y una vida mejor. Con el tiempo comprendió que había estado cerca de convertirse en víctima de trata.
El activista advierte que las redes operan bajo distintos mecanismos: llegan a las comunidades, ofrecen dinero o empleo y, poco a poco, involucran a familias enteras, incluso a niños. Estas estructuras, explica, no son únicamente nacionales, sino transnacionales, y trasladan personas entre distintas provincias. “Si alguien muere en el proceso, no pasa nada. A las familias les dan un quintal de arroz, una funda de caramelos y algo de dinero. El miedo mantiene el silencio”, lamenta.
La trata de personas no se limita a la explotación laboral. Katherine Herrera, experta en seguridad, detalla que también se registra explotación sexual y el intercambio de menores de edad entre grupos delictivos. La trata incluye la captación, transporte y sometimiento de personas mediante abuso, control o violencia, con fines económicos, sexuales o de servidumbre.
Según el Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas 2019–2030, en Ecuador el 80 % de los casos corresponde a explotación sexual y el 11 % a explotación laboral. Durante el primer semestre de 2025, el Ministerio del Interior reportó 78 víctimas de trata. Las provincias con mayor incidencia fueron Pichincha (14), Sucumbíos (13) y Esmeraldas (11), zonas donde convergen pobreza, migración y presencia de organizaciones criminales.
Las víctimas no son solo ecuatorianas; también hay personas de Venezuela y Colombia. La Fundación Alas de Colibrí recuerda que la trata no siempre implica desplazamiento geográfico: basta con que una persona sea explotada bajo coerción.
Herrera también señala que, en la frontera norte, disidencias de las FARC continúan reclutando adolescentes para entrenamiento y defensa armada, quienes luego son integrados a grupos delictivos en Ecuador. Estas estructuras operan en zonas mineras, donde los enfrentamientos con las fuerzas del orden requieren mano de obra entrenada.
En octubre de 2025, por ejemplo, las Fuerzas Armadas intervinieron en Buenos Aires, Imbabura, con artillería pesada y apoyo aéreo, destruyendo más de 720 bocaminas en un área de 187 hectáreas. La Arcom reportó que entre enero y septiembre de 2025 se realizaron 260 operativos, mientras en 2024 se habían identificado 387 puntos de minería ilegal en 16 provincias, 40 de ellos bajo control de grupos criminales.
Wilson Goyes, director de la Escuela de Riesgos de Desastres de la UIDE, explica que las mafias reclutan especialmente a adolescentes de entornos vulnerables para tareas de exploración y posterior integración en “ejércitos de mineros ilegales”. Estas personas trabajan en condiciones precarias, sin protección, expuestas a violencia, amenazas y delitos asociados como el transporte de material ilegal o la extorsión.
De acuerdo con un informe de Unicef, aunque no existen cifras públicas exactas sobre reclutamiento infantil en Ecuador, los homicidios de menores entre 0 y 17 años aumentaron 521,5 % entre 2021 y 2024, pasando de 79 a 412 casos.
Frente a esta realidad, comunidades y organizaciones buscan alternativas. Desde la Fundación Hakhu Amazon, Cerda impulsa proyectos de bioeconomía, ecoturismo y educación ambiental, promoviendo ingresos sostenibles y el liderazgo de mujeres y jóvenes. Sin embargo, insiste en que la solución requiere acciones estructurales del Estado, con políticas sociales, atención integral y prevención, más allá de los operativos militares.
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Fuente: El Comercio
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