Asamblea Nacional aprobó proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural
Los docentes del sistema educativo público tendrán una remuneración base de $ 1.000 mensuales, trabajarán ocho horas y tendrán un nuevo escalafón, según lo aprobó la Asamblea Nacional en el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el que además se plantea la eliminación del bachillerato unificado y el sistema de evaluación denominado Ser Bachiller.
La aprobación de las reformas obtuvo 126 votos a favor y ocho abstenciones que vinieron del sector de la Revolución Ciudadana (RC). Lo aprobado por los legisladores pasará a conocimiento del Ejecutivo para su sanción o veto en un plazo de treinta días, y el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, Jimmy Candell (BIN), espera que el Ejecutivo sancione el proyecto aprobado.
La vicepresidenta de la Comisión, Jeannine Cruz, resaltó que las reformas aprobadas buscan igualar la remuneración del magisterio con la escala salarial del sector público y para ello se establece que el piso de la escala no será inferior al equivalente de 2,5 salarios básicos unificados; es decir, $ 1.000 mensuales, en ascenso.
Además, con las reformas se recuperan las diez categorías del escalafón del magisterio que durante el correísmo se redujeron a siete, indicó Cruz, con ello, los maestros podrán tener mayores oportunidades de mejorar su salario de acuerdo con sus años de experiencia.
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También se determinó que los maestros con más de 25 años y que cuenten con los requisitos de profesionalización y capacitación deberán ser escalafonados de acuerdo con la categoría que les corresponda. Igualmente, las reformas plantean una jubilación digna para los docentes; en adelante podrán jubilarse a los 30 años de servicio sin límite de edad, anotó la legisladora de CREO.
Respecto a los maestros comunitarios y populares, la reforma a la LOEI establece el derecho a la seguridad social y demás beneficios que la Ley les ampara.
Las reformas aprobadas incluyen la sectorización de los docentes, es decir, cuando un maestro termina su formación académica debe ir por ley dos años al sector rural. Y según la legisladora Jeannine Cruz, una vez que termine sus servicios en el área rural podía cambiarse cerca de su familia; pero esta vez con los nuevos cambios ese traslado será automático.
Respecto a la violencia escolar, la propuesta aprobada incluye mecanismos de prevención; resolución de conflictos; tipifica la violencia escolar, el acoso escolar y hostigamiento académico. Incorpora, además, las recomendaciones hechas por los organismos internacionales y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Paola Guzmán.
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Se recupera el componente vocacional dentro de los establecimientos educativos de acuerdo con los gustos, intereses, conocimientos y habilidades que determinan una tendencia de los estudiantes; para ello, sustituye el Bachillerato General Unificado por bachilleratos en Ciencias, Técnico, Productivo y en Artes, Cultura y Patrimonio.
La asambleísta Jeannine Cruz, explicó que las reformas dan cuenta del fracaso del bachillerato general unificado y se sustituye por el bachillerato en ciencias, técnico, productivo, en arte, cultura y patrimonio.
Añadió que antes de esta reforma había la prueba Ser Bachiller, en este caso, las reformas dejan sin posibilidad de que se mantenga en la Ley de Educación Intercultural esta opción de evaluación, que “lamentablemente provocó un sinnúmero de violaciones a los derechos de los estudiantes”. Cada universidad tendrá la responsabilidad de convocar a un curso y capacidad, y luego de eso asumir la responsabilidad de cuántos cupos van a ofrecer y cuál será la metodología de calificación, subrayó.
También se permite la modalidad de educación semipresencial, que es la que no exige asistencia regular al establecimiento educativo y requiere de un trabajo estudiantil independiente con un requisito de acompañamiento presencial periódico. La modalidad semipresencial puede realizarse a través de internet o de otros medios de comunicación.
El proyecto incluye el retorno de instituciones educativas públicas antes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional a su sostenimiento fiscomisional, pero sujetas a lo establecido en la Ley de Educación Intercultural. Con ello, se permite el financiamiento que derive de las asignaciones del presupuesto general del Estado a cargo de las asignaciones del Ministerio de Defensa Nacional, así como de los ingresos provenientes del cobro de matrículas y pensiones para garantizar la provisión de servicios educativos de calidad y de esa forma alcanzar un grado de autonomía para su funcionamiento.
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Macas – Ecuador
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