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Ecuador acumula 28 580 muertes violentas en siete años y el Estado no logra detener la violencia.

El presidente Daniel Noboa asumirá un nuevo mandato en medio de un contexto de violencia que se ha recrudecido en todo el país. En los últimos siete años, Ecuador registra 28 580 muertes violentas, proyectando al 2025 como el posible año más violento de su historia reciente. Expertos advierten que las bandas criminales podrían equiparar su poder al de los carteles internacionales si no se toma una respuesta urgente desde el Estado.

Medidas adoptadas sin resultados sostenibles.

Desde 2018, tres gobiernos han impulsado al menos una docena de medidas para contener la violencia. Estas han incluido:

Mayor presencia militar en calles y fronteras.
Reformas para ampliar el uso legítimo de la fuerza.
Autorización del porte de armas para civiles.
Eliminación de la tabla de consumo de drogas.
Declaratoria de conflicto armado interno y reconocimiento de 22 bandas como grupos terroristas.
Reformas para fortalecer el armamento y la protección jurídica de los uniformados.
Incremento del IVA al 15 % para financiar la seguridad.
Consulta popular con propuestas de allanamientos sin orden judicial y reformas judiciales.
Presencia de bases extranjeras y militares en cárceles.

Pese a ello, estas acciones no han sido suficientes ni sostenibles. El programa Políticamente Correcto del 18 de mayo abordó esta problemática. Los expertos coincidieron en que el país ha operado sin una estrategia clara de seguridad.

La falta de anticipación estratégica.

Wagner Bravo, general en servicio pasivo y exjefe del Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, advirtió que las principales amenazas minería ilegal, narcotráfico y terrorismo han sido enfrentadas con reacciones inmediatas, pero sin planificación a largo plazo. “El gran error del Estado es que no ha dimensionado aún la raíz del problema”, afirmó.

Bravo señaló la necesidad urgente de leyes clave como la de inteligencia, que permanece estancada cinco años en la Asamblea, además de otras normativas para combatir delitos como la minería ilegal. «Hace falta un verdadero sistema de inteligencia integral que permita a todas las instituciones adelantarse a las crisis, no solo reaccionar a ellas», agregó.

Cooperación internacional e institucionalidad debilitada.

Katherine Herrera, investigadora de la Red de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Konrad Adenauer, insistió en que Ecuador necesita cooperación internacional con aliados como Estados Unidos, Israel, la Unión Europea y países de América Latina. Esta cooperación debe enfocarse en mejorar capacidades de inteligencia y en desarrollar investigaciones profundas que permitan desarticular estructuras criminales desde su base.

Sin embargo, advirtió que ningún esfuerzo externo será suficiente si no se reforma la institucionalidad del país. Indicó que el sistema judicial impone penas mínimas a criminales, mientras que las cárceles continúan siendo centros de operación para las bandas, con sus cabecillas aún en control.

Fragmentación criminal y violencia masiva.

Desde 2018, la Policía Nacional ha registrado 913 masacres en el país. Renato Rivera, vocero del Observatorio de Crimen Organizado, explicó que el crecimiento de las muertes violentas responde a una nueva etapa de fragmentación de bandas delictivas. Grupos como Los Lobos, Tiguerones y Choneros se han dividido en células menores que se disputan territorios estratégicos, generando más enfrentamientos y homicidios.

“En el Estado no existe una política criminal clara desde 2018. Por eso, la inteligencia, los recursos económicos y las investigaciones no se destinan adecuadamente… Mientras esto pasa, las bandas nacionales se expanden; los Lobos ya están en Chile; los Tiguerones, en Perú”, indicó Rivera.

Riesgo de convertirse en carteles.

Herrera y Bravo coinciden en que las bandas ecuatorianas aún no tienen la estructura ni el poder de un cartel de droga o de las FARC en Colombia. Sin embargo, advierten que, de no existir una estrategia efectiva de inteligencia y una intervención decidida del Estado, en tres años estas organizaciones podrían alcanzar ese nivel de capacidad criminal.

Herrera sostuvo que esto representaría una derrota total del Estado ecuatoriano frente al crimen organizado. Rivera agregó que no debe subestimarse el impacto actual de estas bandas, señalando que Los Choneros ya han sido mencionados en Europa.

Urgencia de una estrategia integral.

Los tres expertos concluyeron que el gobierno de Daniel Noboa debe actuar con rapidez y presentar, desde el primer día de su nuevo mandato, un plan integral de seguridad. Este plan, indicaron, no debería tardar más de 90 días en ser formulado y puesto en marcha.

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