¿Qué alcances tiene la Ley de Economía Criminal?
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Asamblea: ¿Qué alcances tiene la Ley de Economía Criminal que propone el presidente Noboa?
Un amplio debate se ha generado en torno a la Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, propuesta por el presidente Daniel Noboa y remitida a la Asamblea Nacional. La iniciativa busca enfrentar la violencia estructural y organizada que afecta al país. Según datos oficiales de la Dirección de Estadísticas y Economía de la Seguridad (DEES) del Ministerio del Interior, entre enero y abril de los años 2022 a 2025, se ha registrado un incremento sostenido de homicidios intencionales.
En 2022 se contabilizaron 4.886 homicidios intencionales, cifra que aumentó a 8.248 en 2023, lo que representa un incremento del 69% en un año. En 2024, la cifra se redujo a 7.033, sin que ello represente una mejora estructural. Hasta abril de 2025, se han registrado 3.084 homicidios, lo que sugiere una estabilización, aunque en niveles considerados inaceptables para un Estado de paz como el ecuatoriano.
Régimen de transición al estado de paz.
La normativa plantea un régimen de transición al estado de paz, que se aplicará cuando el conflicto armado interno haya sido superado en determinadas circunscripciones territoriales. Esta fase transitoria tiene como objetivos la seguridad ciudadana, el orden público y la reactivación económica.
Asimismo, la ley propone declarar zonas de seguridad exclusivamente en contextos de conflicto armado interno. Estas zonas serán determinadas por el Presidente de la República, previa recomendación justificada del Bloque de Seguridad, tal como establece el artículo 21 del proyecto.
Elementos clave de la propuesta.
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Reconocimiento legal del Bloque de Seguridad.
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Regulación de los indultos dirigidos a miembros de las fuerzas de seguridad.
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Endurecimiento de la figura de extinción de dominio.
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Reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), con penas de hasta 30 años para integrantes de grupos de delincuencia organizada (GDOs).
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Exclusión de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del régimen legal aplicable al estado de paz, especialmente en lo que se refiere al uso legítimo y excepcional de la fuerza, conforme al Derecho Internacional Humanitario.
Críticas desde la bancada correísta.
La bancada de la Revolución Ciudadana ha manifestado fuertes reparos al proyecto. La legisladora Paola Cabezas advirtió que la propuesta incluye medidas de dudosa constitucionalidad, como la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial. Según su criterio, esta disposición podría institucionalizar abusos y otorgar facultades excesivas a la Fiscalía General del Estado.
Cabezas también cuestionó los indultos “a la carta” para personal policial y militar, al considerar que podrían generar impunidad frente a posibles violaciones de derechos humanos. Además, criticó la inclusión de incentivos tributarios a donaciones para las Fuerzas del Orden, señalando que no abordan las causas estructurales de la violencia.
La asambleísta Liliana Durán calificó la ley como un “grave retroceso democrático”, al tiempo que cuestionó su carácter de urgencia económica. Según Durán, el proyecto:
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Normaliza la impunidad en violaciones de derechos humanos.
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Confunde seguridad con derecho penal y medidas tributarias.
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Legaliza el clientelismo como política pública.
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Criminaliza la defensa de los derechos ciudadanos.
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Otorga discrecionalidad tributaria sin límites.
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Viola principios constitucionales.
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No cumple criterios para ser considerado un proyecto de urgencia económica.
Otras reacciones.
El asambleísta Cristian Hernández afirmó que la ley permitiría al Estado perseguir arbitrariamente a cualquier persona. Recordó además que el presidente Noboa prometió destinar un 3% del IVA a seguridad, lo cual no se ha cumplido. Finalmente, el candidato vicepresidencial del correísmo también objetó el carácter de ley económica urgente, argumentando que no se justifica bajo los criterios constitucionales requeridos.
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