febrero 29, 2024
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Se estableció una resolución constitucional que dicta al Gobierno de turno realizar una consulta previa, libre e informada a este pueblo amazónico en el lapso de seis meses.

El 18 de noviembre de 2022, el pueblo indígena Shuar Arutam perteneciente a Ecuador expresó que no permitirá la minería en su territorio, decisión que tomaron tras un fallo judicial que reconoció la vulneración de sus derechos a la consulta previa.

La decisión tomada pone en riesgo, el proyecto de cobre en San Carlos Panantza, perteneciente a Zamora Chinchipe, ubicado en la Amazonía ecuatoriana.

Pueblo Indígena Shuar Arutam

Licencia queda sin efecto

La resolución de la corte deja sin efecto la licencia ambiental en poder de ExplorCobres S.A, filial de la china CRCC-Tonguan Investment, según declaraciones de los líderes indígenas de la ciudad amazónica de Puyo.

Las expresiones de su presidenta, Josefina Tunki hacia los periodistas, fueron que el pueblo Shuar Arutam no permitirá ser consultado y las empresas no tienen que continuar concesionando en estas tierras, no aceptarán más ingresos a sus territorios“.

Freno a la minería

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso apuesta por el progreso del sector minero. USD 3.000 millones prevé el Gobierno de turno que las exportaciones mineras cierren este 2022

Aunque sus planes se han paralizado por resoluciones judiciales y referendos que dan la razón a las comunidades y pueblos indígenas, pues piden frenar estos proyectos.

El Gobierno debe dar cumplimiento a la resolución constitucional y realizar la consulta previa, libre e informada al pueblo Shuar en un lapso de seis meses.

El Ministerio de Ambiente por disposición de la Corte Constitucional debe disculparse públicamente por brindar el permiso ambiental.

Los Ministerios de Energía y de Ambiente no dieron ninguna respuesta ante comentarios. Por otra parte, no hubo contacto con la empresa ExplorCobres.

Poblaciones que se benefician

Consulta previa

El proyecto de ley de consulta comunitaria, es uno de los acuerdos que obtuvieron tanto el Gobierno ecuatoriano como los líderes indígenas y en el cual trabajan desde las protestas de junio.

Uno de los acuerdos establece la suspensión de concesiones mineras en territorios indígenas que sean considerados ancestrales.

 

 

 

 

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