Instituciones más corruptas en Ecuador, según la percepción ciudadana

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El informe del Barómetro de la Corrupción  de 2022 fue presentado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), Transparencia Internacional y la GIZ Ecuador, para reflejar la percepción y experiencias de la ciudadanía.

El 93% de los ecuatorianos considera que la corrupción es un problema grave o muy grave y también desconfían de los esfuerzos del Gobierno para enfrentar el problema.

El 73% estima que la corrupción aumentó en el último año en el país. Así mismo, la mitad de las personas consultadas creen que las decisiones en el país son tomadas por grupos pequeños de poder, quienes son colocados por intereses personales y no colectivos.

Roberto Kukutuschka, miembro de la transparencia internacional menciona que el 33%de los encuestados dicen que es justificable para el gobierno robar mientras se haga obra.

La encuesta se aplicó a 1.500 personas entre julio y agosto del 2022 donde se reflejó que en Ecuador hay una actitud negativa sobre la corrupción.

De acuerdo a esta encuesta, las instituciones más corruptas son:

Los partidos políticos, con el 65 %; asambleístas, 63 %; jueces y magistrados, 58 %; el presidente y los funcionarios de su despacho, 58 %; banqueros, 57 %; funcionarios del Gobierno y ministros, 57 %; representantes de gobiernos locales, 55 %; Policía Nacional, 44 %; empresarios, 44 %; oenegés, 35 %; periodistas, 35 %; y líderes religiosos, 34 %. Los militares son los que tienen una mejor puntuación: 30 %.

Existen siete recomendaciones para combatir la corrupción:

  1. Transparencia del financiamiento político e integridad político-electoral.
  2. Políticas públicas con un enfoque de transparencia, participación, integridad e innovación colaborativa para mejorar el ámbito administrativo público y aumentar la credibilidad en los gobernantes.
  3. Desarrollar políticas de prevención y combate a la corrupción con un enfoque de género.
  4. Que el Estado promueva canales ágiles, sencillos y anónimos de denuncia de la corrupción, especialmente sobre el uso de sobornos y contactos para acceder a servicios básicos.
  5. Servicios públicos eficientes e íntegros.
  6. Regular los conflictos de intereses.
  7. Potenciar la participación ciudadana en contra de la corrupción.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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