Celestino Chumpi, asambleísta acusado por Lasso, compareció en la Fiscalía

El asambleísta por Morona Santiago, Celestino Chumpi, acudió este lunes 16 de mayo al edificio de la Fiscalía General del Estado (FGE), en Quito, para rendir su versión en el marco de una investigación por el presunto delito de concusión.

Chumpi, de la bancada de Pachakutik, es uno de los cinco legisladores señalados por el mandatario Guillermo Lasso por supuestamente exigir dinero a la Presidencia de la República a cambio de los votos por la rechazada Ley de Atracción de Inversiones.

El parlamentario, quien niega rotundamente haber solicitado dinero, llegó a la FGE en compañía de su abogado y vistiendo una banda de combatiente del Cenepa.

“He dicho claramente que cooperaré con la justicia. El que nada debe nada teme», aseveró.

En marzo pasado, Lasso acusó a Chumpi y otros cuatro legisladores de la misma bancada, así como a un asesor, de haber pedido «favores económicos».

“He sido informado que, durante el mes de marzo de 2022, en una reunión de carácter político mantenida por colaboradores de este despacho con los asambleístas: Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, así como el asesor legislativo de este último, Marcelo Rosero, por asuntos relacionados con la tramitación en la Asamblea Nacional del proyecto de Ley (de Atracción de Inversiones), aquellos legisladores habrían pedido beneficios económicos para sí a cambio de consignar su voto a favor del antedicho proyecto de ley», señaló el jefe de Estado en una carta remitida a la titular de la FGE, Diana Salazar, en marzo pasado.

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Chumpi dice no conocer sobre la grabación de la reunión que mantuvieron con un subsecretario del Gobierno Nacional, donde se habría solicitado el dinero, aunque los aludidos inicialmente aseguraron que fue el mismo Ejecutivo que hizo ofrecimientos indebidos.

El asambleísta es el único legislador que hasta el momento ha acudido a rendir su versión en el primer llamado de la Fiscalía.

Rosa Cerda y Édgar Quezada no acudieron la semana pasada y esperarán la segunda convocatoria. Mientras Christian Yucailla debe asistir este martes y Gisella Molina, el 25 de mayo.

El delito de concusión se sanciona hasta con cinco años de prisión.

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